Quito. A dos años de que los trabajos petroleros en el Yasuní recibieran ‘luz verde’, expertos advierten sobre su inviabilidad por la situación del mercado hidrocarburífero y otros factores.

El 3 de octubre del 2013, la Asamblea Nacional aprobó la Declaratoria de Interés Nacional para la Explotación Petrolera de los bloques 31 y 43, ubicados en una parte del parque Yasuní, en la Amazonía.

Lo hizo por pedido del presidente Rafael Correa, quien dos meses antes había puesto fin al plan ecológico que buscaba preservar el crudo y solicitado al Legislativo su aval.

La declaratoria desarrolla varios argumentos sobre por qué cabe explotar los bloques. Uno indica que los recursos que el Estado percibirá le permitirán “incrementar de forma extraordinaria la inversión social”.

Se asevera: “La explotación responsable y planificada de los recursos naturales no renovables de los bloques 31 y 43 puede contribuir en gran medida a la erradicación de la pobreza”.

Para su decisión, los asambleístas revisaron informes de varios ministerios e instituciones estatales; entre ellos, uno del Ministerio Coordinador de la Política Económica sobre el “impacto macroeconómico”.

El análisis ministerial calcula los ingresos que el Estado recibirá por la explotación, en un lapso de 23 años, bajo dos escenarios: uno con un precio promedio de $ 70 por barril, y otro con uno de $ 91,70 (ver tabla).

Justifica que lo hace así para “modelar un escenario de mediano plazo más conservador”, y otro que suponga “un nivel cercano al actual”.

En 2013, el crudo nacional se situó en $ 97,9 por barril (el acumulado del periodo enero-agosto), según indicadores del referido Ministerio.

Pero este año la media del primer semestre fue menor a $ 50. Y el presidente Rafael Correa ya anunció que el presupuesto del Estado para 2016 sería elaborado con un precio de $ 40 por barril de petróleo.

De ser así, los ingresos corrientes netos que el Ministerio Coordinador proyectó a 23 años “tendrían una reducción del 42%”, estima el analista petrolero René Ortiz.

Sin embargo, él duda de los cálculos oficiales, pues opina que la decisión de intervenir el Yasuní pasó por un “criterio político”, antes que técnico.

El también analista petrolero, Fernando Santos, coincide en que hubo “razones políticas para ilusionar con ingresos para proyectos de beneficio social”.

“Un cálculo serio no puede jamás considerar que los precios y la producción se van a mantener constantes durante 23 años”. Y concluye: “Con un escenario de $ 40 por barril, el desarrollo del ITT es inviable”.

Ortiz apunta que la problemática es internacional. “Muchos proyectos de desarrollo de yacimientos están bajo riesgo de convertirse en inviables en un escenario de precios bajos del petróleo”.

El exasesor técnico del extinto plan ecológico del Gobierno, Carlos Larrea, advierte que el costo de explotar los bloques es superior a otros por la falta de infraestructura, característica pantanosa de ciertos suelos, necesidad de tecnología especializada y densidad del crudo.

“Algunos expertos han estimado el costo unitario en $ 30 por barril”, indica él.

Larrea cree que Petroamazonas, empresa estatal responsable de desarrollar los bloques, debería aliarse a otra.