Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que hay importantes avances en la negociación con las compañías petroleras para cambiar la modalidad contractual, pero reconoció que aún existen problemas para ponerse de acuerdo con dos empresas.

El socio más pequeño de la OPEP impulsa desde hace dos años tratativas con las compañías petroleras que operan en su jurisdicción, para convertirlas de socias a meras operadoras de los yacimientos.

El objetivo del gobierno es concluir con la negociación antes del 23 de noviembre para firmar los contratos de prestación de servicios que le permitan al Estado un mayor control sobre la actividad extractiva y recibir la totalidad de la producción de las áreas concesionadas para aumentar las rentas fiscales.

"Hay importantes avances. Yo le diría que tan sólo quedan pendientes dos compañías en llegar a los acuerdos definitivos. Con el resto de compañías prácticamente todo (está) consensuado", dijo Correa a periodistas en la ciudad porteña de Guayaquil.

El mandatario no quiso adelantar el nombre de las firmas que aún siguen en las negociaciones, pero advirtió que con esas dos firmas "tenemos problemas".

En el país andino operan la española Repsol-YPF, la brasileña Petrobras, el consorcio chino Andes Petroleum, la italiana Eni y la estatal chilena ENAP, entre las principales.

Enap fue la primera empresa que anunció públicamente su disposición a negociar con Ecuador el nuevo convenio, luego de que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, visitara Quito a inicios de agosto.

Con los nuevos contratos, Quito aspira a que en los próximos cinco años las firmas inviertan unos US$1.200 millones, cifra que duplica los recursos previstos antes de la negación, según datos oficiales.

Además busca quedarse con al menos 85% de la renta petrolera, desde el 65% en promedio que percibe actualmente. La renta petrolera es el resultado del precio del barril de crudo descontados los costos de operación y amortizaciones.

Correa ha amenazado reiteradamente a las compañías petroleras diciendo que si no están de acuerdo con los términos fijados por el gobierno para los nuevos convenios pueden abandonar el país y se liquidarán sus actuales contratos.

Este martes está prevista una reunión entre las autoridades del sector y el mandatario para evaluar los avances de las negociaciones.