El gobierno de Rafael Correa busca un mayor control en las tareas de explotación y aumentar las inversiones privadas, en un intento por recuperar los niveles de producción.

Quito. Ecuador puso en vigencia este lunes una reforma legal que permite al estado adueñarse de toda la producción de crudo y liquidar los contratos de las firmas que no acepten el nuevo esquema, pero la medida no desataría una salida masiva de petroleras del socio de la OPEP.

Buena parte del éxito de la renegociación dependerá de la tarifa que el estado pague por el barril de petróleo que extraerán las compañías privadas, ahora devenidas en meras prestadoras de servicios.

También será clave la duración de cada contrato, ya que los que terminan pronto son los más expuestos a quedar en manos del gobierno.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien dice practicar el "Socialismo del Siglo XXI", utilizó en el pasado la amenaza de la nacionalización para conseguir sus objetivos, que en este caso podría terminar con la salida de las compañías, sin que la cantidad de estos abandonos resulte escandalosa.

Con la reforma de la Ley de Hidrocarburos el gobierno busca un mayor control en las tareas de explotación y aumentar las inversiones privadas, en un intento por recuperar los niveles de producción.

Las inversiones podrán ser objetadas por las firmas privadas, puesto que con las nuevas reglas de juego, serán de su exclusivo riesgo. Correa ha dicho que buscará mecanismos para garantizar esos montos y afirmó que serían aceptadas por las petroleras, pues el negocio aún es rentable con los nuevos contratos.

De aceptar estas condiciones, las empresas querrán reducir sus inversiones sustancialmente de manera que puedan ser amortizadas en el menor tiempo posible mientras que el Estado pujará para asegurar flujos suficientes para aumentar la producción de los campos.

Algunas compañías podrían resistirse a firmar los nuevos acuerdos de prestación de servicios con el Gobierno por la cercanía en que se encuentra la fecha de finalización de los contratos de participación que tienen. Uno de los compromisos de la española Repsol vence en el 2012 mientras que otro de la china Andes Petroleum vence en el 2015.

Otras firmas como Petrobras y Petroriental mantienen contratos que vencerán en el 2022 y 2018, respectivamente en largos períodos que podrían aumentar la posibilidad de que acepten las reglas trazadas por el gobierno ecuatoriano.

Cada empresa, en algunos casos por estar a cargo de la operación de varios campos o bloques, tiene algunos contratos firmados con el Estado de los cuales unos podrán ser renegociados y otros liquidados, según la conveniencia de las partes. De esta forma la terminación de un contrato no significaría la salida definitiva de una firma de la nación andina.

El nuevo marco legal, acorde a analistas, podrá resultar una solución temporal porque no se enfoca en el incremento de las reservas y en el descubrimiento de nuevos yacimientos, necesarios para sostener la actividad del socio más pequeño de la OPEP sino sólo en el aumento de la extracción.

El interés de las firmas multinacionales por participar en licitaciones para la operación de campos y yacimientos en el país puede decaer debido a que el nuevo marco hidrocarburífero prioriza su entrega a empresas estatales, quienes no tienen la obligación de participar en concursos.

La permanencia de las empresas en el socio más pequeño de la OPEP, a criterio de analistas, es una buena señal que podría indicar que sus intenciones son las de continuar con sus operaciones a pesar de las constantes advertencias del gobierno de que podría nacionalizar o expropiar sus campos.