Quito. El primer contrato de explotación minera a gran escala en el Ecuador, que permite la explotación por 25 años del proyecto Mirador a la empresa de origen chino Ecuacorrientes SA (ECSA), se firma este lunes en el Salón Amarillo de Carondelet.

El acto, que será transmitido en señal abierta de satélite, se realiza en medio de las críticas desde la Asamblea y de ambientalistas por faltas legales, ambientales y económicas.

Mirador es el primero de al menos cinco proyectos que tiene previsto el gobierno en el sector sur oriental del país.

La semana pasada, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, destacó las bondades del contrato, indicando que ECSA invertirá inicialmente US$1.400 millones en los primeros cinco años.

La producción se iniciará a finales del 2013 y se espera que llegue al máximo dos años después.

También dijo que el Estado recibirá regalías de entre el 6% y el 8%, dependiendo del precio de la libra de cobre.

En tanto, Pástor precisó que la renta minera que en este contrato obtendrá el Estado, será mínimo del 52%, porcentaje que incluye el 12% del IVA, el Impuesto a la Renta y al precio extraordinario, así como a las utilidades y a las regalías.

ECSA entregará US$100 millones como regalías anticipadas. Estas serán consignadas en tres partes: US$40 millones una vez aprobado el contrato de inversión; US$30 millones cuando obtengan los permisos de la Secretaría Nacional del Agua, de Patrimonio Cultural y del Ministerio del Ambiente, y un tercer pago de US$30 millones cuando esté construida una planta de generación eléctrica que se conectará con la mina.

Además, consideró que el ingreso per cápita de los pobladores del sitio será uno de los más altos del país.

Sin embargo, existen reparos al proyecto minero. La coordinadora del área de minería de Acción Ecológica, Gloria Chicaiza, aseguró que es preocupante que ni el estudio de impacto ambiental ni la licencia ambiental se hayan aprobado y ya se firma el convenio.

“Es una señal lamentable que da el gobierno, de que está seguro de que la licencia no sea aprobada”, sostiuvo.

Para ella, existe presión de esta empresa china a la cual el gobierno no tiene opción de resistencia, además asocia esa presión a la importancia que ha adquirido China como el principal acreedor de Ecuador.

Chicaiza explicó que entidades ambientales y el propio Ministerio del Ambiente han hecho observaciones al borrador de estudio ambiental que aún no se aprueba. 

"¿Cuánto cuesta la destrucción de la comunidad shuar? ¿Cuánto cuesta quedarnos sin el regulador ambiental de la Cordillera del Cóndor y la contaminación de los ríos?", se preguntó. 

El asambleísta de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, consideró que la Ley de Minas va en contra de la Constitución, especialmente por los artículos 405 y 408.

En el primero se habla de que ninguna empresa extranjera podrá tener concesiones en las áreas de seguridad nacional.

El sector de la Cordillera del Cóndor, que además es una reserva de la biósfera, está justamente situada en la zona de seguridad.

El 408 dice que el Estado aprovechará de los recursos en un monto no inferior a los de la empresa que los explota. Para Jiménez, esto no se cumple.

Pese a las críticas Pástor ha dicho que “los principales beneficiarios serán los pobladores de las zonas aledañas al proyecto minero”.

Ubicación. El proyecto Mirador está ubicado cerca a la parroquia Tundayme, perteneciente al cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe. Tiene reservas de cobre cercanas a las 5.000 millones de libras.

Capacidad. Se podría procesar 60.000 toneladas por día con un costo de US$4 por libra. La mina generaría unos 3.000 puestos de trabajo.