Reiterando las advertencias lanzadas hace algunos días, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que el proyecto de ley para penalizar a las petroleras que rechacen ceder su producción al Estado, incluye la nacionalización de sus activos en el país.

"Estoy preparando una ley para facilitar expropiaciones y nacionalizaciones para enviarla a la Asamblea Nacional", aseguró Correa, que ha prometido llevar al miembro más pequeño de la OPEP hacia el socialismo, en una entrevista que reproduce parcialmente El Comercio.

Correa agregó que "expropiar no significa confiscar. Confiscar significa tomar por la fuerza sin la correcta compensación económica. Acá les vamos a compensar económicamente, pero si no quieren adaptarse a los términos del país, que les vaya bonito. No los necesitamos".

El proyecto del gobierno ecuatoriano apunta a transformar las compañías privadas en proveedoras de servicios, pero las tratativas se han dilatado y las autoridades afirman que el país pierde dinero con cada día de postergación.

Las principales operadoras petroleras que actúan en Ecuador son la española Repsol, la brasileña Petrobras, el consorcio chino Andes Petroleum y la italiana Eni y conjunto representan cerca del 40% de la producción diaria del país sudamericano. El resto está en manos de las empresas pública EP Petroecuador y EP Petroamazonas y la estatal Río Napo, asociada a la venezolana Pdvsa.

La hispano-argentina Repsol afirmó que cuenta con una prórroga dada por las autoridades para renegociar los contratos petroleros en Ecuadors.