Esas medidas implicaron el congelamiento de la resolución del alza tarifaria, es decir que no deberían entrar en vigencia mientras no exista un dictamen de la jueza. Sin embargo, el Conelec argumenta que ella no tiene competencia para resolver el caso porque tres jueces ya se pronunciaron sobre la misma causa negando el trámite.

De las cuatro demandas judiciales planteadas contra el Conelec, tres han sido resueltas a su favor. Solo resta la presentada por el asambleísta Abdalá Bucaram Pulley (PRE).

Este miércoles, incluso, el juez décimo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, Germán Grandes, desechó la demanda planteada por el asambleísta Galo Lara (PSP).

La acción de protección solicitada por Lara fue declarada como improcedente.

Según la providencia, “de la revisión de la causa se observa que el accionante no ha podido demostrar que las presuntas ilegalidades cometidas por el Conelec afecten a los consumidores residenciales”.

En el documento se indica, además, que “no aparece que (Lara) haya aportado prueba alguna que permita al juzgador valorarlas para tomar alguna decisión”.

Así, las tarifas eléctricas que oscilan entre 6,80 centavos de dólar y 67,12 centavos entrarán en vigencia desde mañana. Unos 78 mil abonados resultarán afectados con esa medida.

En la Costa, sin embargo, entre diciembre y mayo el subsidio se eliminará sobre un consumo de 700 kilovatios hora al mes.

El Conelec ratificó la decisión de las nuevas tarifas con el argumento de que un 97,73% de la población no resulta afectada con la medida.

“El subsidio no sufrió alteración alguna, de ahí que las demandas planteadas no tenían sentido, más aún, como lo demuestran las tres resoluciones de los jueces: dos del Guayas y la de Quito”, informó Francisco Vergara, director del Conelec.

La directiva provincial del Movimiento Popular Democrático (MPD) realizó ayer un plantón en el parque Centenario en rechazo al nuevo esquema tarifario que rige desde mañana.