Un estudio aplicado por el actual presidente Lenín Moreno identificó que estas obras de construcción realizadas durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa con presupuesto del Estado, presentan fallas de construcción, inconvenientes financieros y legales y retrasos en la ejecución.
Quito. Ecuador necesitaría cerca de US$1.000 millones para resolver fallas técnicas y problemas legales en unas 640 obras públicas de infraestructura, que fueron construidas en la última década con un precio mayor al originalmente pactado, dijo este martes un funcionario.
Un estudio aplicado por el actual presidente Lenín Moreno identificó que estas obras de construcción realizadas durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa con presupuesto del Estado, presentan fallas de construcción, inconvenientes financieros y legales y retrasos en la ejecución.
La mayoría de las obras con problemas se encuentran en el sector social, especialmente en la construcción de unidades educativas, hospitales, centros de seguridad comunitaria y redes viales, proyectos que constituyeron el eje de la gestión de Correa y sustentaron sus altos niveles de popularidad.
"El monto original de estas 640 obras ascendía a US$2.138 millones en el presupuesto inicial. A la fecha ya se han invertido US$3.975 millones, lo que representa un incremento global del 85%", dijo el secretario de Planificación, Andrés Mideros.
"Además se necesitan alrededor de US$956 millones adicionales para la culminación física de unas obras y la culminación de los contratos", agregó a periodistas.
Las obras comenzaron en el 2009 y debían concluir en marzo del 2017, pero en casi todos existen desfases en los cronogramas de ejecución.
"¿"640" de las miles que hicimos? Y a ellos ni siquiera podemos criticarlos...¡porque no han iniciado una!", dijo Correa en su red social Twitter en respuesta a la denuncia.
Las obras cuestionadas excluyen a los proyectos petroleros que también presentan fallas en su construcción, pese a estar recientemente operativos, entre ellos la rehabilitación de la Refinería Esmeraldas, la mayor del país.
Las autoridades legales deberán determinar la responsabilidad en las falencias de las obras, en momentos en que investigan varios casos de corrupción que involucran a exfuncionarios de Correa.
