Comprar un medio de comunicación o convertirse en accionista de un banco dejaría de ser un negocio atractivo para inversionistas, pues en la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado –o Antimonopolio– los empresarios que tengan una participación accionaria del 6% o superior a esa cantidad no pueden tener acciones en otros sectores.

Esta medida, según analistas, puede hacer que también disminuya el interés de comprar los medios incautados, que actualmente están en manos del gobierno.

Los medios incautados a los hermanos Isaías son doce, incluida una editorial que imprime más de seis revistas.

Ramiro Crespo, presidente de la consultora de mercado Analytica Securities, explica que comprar uno de estos medios se convertiría en un negocio arriesgado para un empresario con negocios en cualquier otro sector, pues nadie “quiere meterse solo en un grupo y concentrar todos sus capitales”.

Además, dice que los únicos posibles compradores de los medios incautados serían otras empresas de comunicación, pero se podría presentar una concentración de medios. Esto también regula la ley.

Frente a la nueva normativa, César Ricaurte, director de Fundamedios, menciona como ejemplo que “una persona que haya hecho fortuna a través de una industria de calzado no va a interesarse en invertir en comunicación porque tendría que deshacerse de su industria”.

Ricaurte añade que el 90% de medios de comunicación son microempresas y generalmente por la gran fragmentación del mercado, la mayoría no son rentables, por ello los accionistas o los directivos tienen alguna otra actividad económica.

Lo que generaría la ley, señala, es que los medios se vuelvan más débiles económicamente y haya menos inversión. También resaltó que “se puede explicar desde una perspectiva política que es debilitar a los medios privados para que subsistan los medios estatales”.

Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), calificó la medida de discriminatoria. Considera que se van a debilitar ciertos medios, sobre todo en provincias, porque si bien son pequeños son importantes para la comunidad, que se sustentan con “las inversiones que tienen los propietarios en otras áreas productivas”. Lo que podría dar paso a que se dependa de la publicidad oficial con lo que afectaría la independencia económica.

La ley señala que las limitaciones se aplican a los accionistas de una empresa privada de comunicación de carácter nacional. Sin embargo, aún no se define esa característica.

El sector financiero y sus accionistas también notarían dificultades con la aplicación de la Ley Antimonopolio.

Según Paul Palacios, director de la firma de asesoría en finanzas corporativas Palacios-Martínez, con las nuevas reglas, a los accionistas (con participación superior al 6%) “el no poder invertir en otros negocios, les representa una dificultad debido a que deben desinvertir forzosamente y cuando las desinversiones son en plazos cortos, usualmente los precios no son los más atractivos”.

Palacios también destaca que con la nueva disposición se puede afectar “la capacidad de crecimiento patrimonial futuro del sector bancario, pues aquello podría alejar la intervención de inversionistas institucionales del exterior en el patrimonio de bancos locales”.