A US$2.362 millones más intereses asciende el monto que podría pagar el Estado ecuatoriano en caso de perder la demanda que interpuso en su contra la empresa petrolera estadounidense Occidental (Oxy) por los supuestos daños al declarar la caducidad del contrato de exploración petrolera.

Esa es la cifra que establecieron los peritos Daniel Johnston y Joseph Kalt “como valor de mercado” que tenía el Bloque 15 a mayo del 2006, en un informe presentado el 11 de abril pasado, que obtuvo el asambleísta Cléver Jiménez (Pachakutik).

Los expertos fueron designados por el Centro de Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi), donde se ventila la querella.

El monto se estableció en base a una fórmula denominada Flujos de Fondos Descontados (Discount Cash Flow o DCF, en inglés) que calcula los ingresos posibles de un proyecto y les resta una tasa que refleja indicadores como los costos de producción, las reservas probadas y el precio del barril de crudo.

Originalmente, la empresa pidió al Ecuador una indemnización de US$1.000 millones.

El gobierno ecuatoriano decidió dar por concluido el contrato con la empresa estadounidense Occidental cuando esta transfirió, sin comunicarlo a las autoridades energéticas de la época, el 40% de sus acciones a la canadiense Encana.

En una carta remitida al Tribunal Arbitral, los representantes de la Oxy se mostraron complacidos con el peritaje.

“Coincidimos con ellos (los expertos) en que el valor justo en el mercado del Bloque 15 era de US$2.362 millones”.

De ahí que consideran que no es necesario efectuar la audiencia prevista para el 30 de junio próximo, la cual fue convocada por el Ciadi para que las partes lleguen a un acuerdo sobre el monto a pagarse en caso de que Ecuador pierda la demanda.

En cambio, la Procuraduría General del Estado –que defiende a la nación ecuatoriana– cuestionó la aplicación de ese mecanismo y sugirió el uso de otra tabla para hacer el cálculo de los supuestos daños.

“Consideramos que la utilización de una sola metodología (la defendida por Oxy) sin la adecuada corroboración puede hacer de la validación poco confiable”, indica el texto.

Afirma, además, que la valoración es “groseramente exagerada” tomando en cuenta que, según auditorías realizadas por la empresa RPS Scotia, el valor del Bloque 15 (que actualmente opera Petroamazonas) no supera los US$1.500 millones.

“En síntesis, si el Tribunal (del Ciadi) encuentra a Ecuador responsable –lo cual no debería pasar– el monto del demandante debería calcularse en base a la tabla de daños aquí sugerida”, refiere el documento.

En su enlace sabatino pasado, el mandatario Rafael Correa ya advirtió sobre las millonarias pérdidas que podría enfrentar el Ecuador por una serie de arbitrajes internacionales que están en trámite.

“Están en juego millones de dólares por una serie de demandas, entre ellas las de las petroleras francesa Perenco y estadounidense Occidental”, expresó el mandatario.

El asambleísta Jiménez, junto con su asesor externo, el ex sindicalista petrolero Fernando Villavicencio, tiene previsto presentar, esta semana, una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que investigue las gestiones de defensa que llevó adelante la Procuraduría en este caso.

Antecedentes

- Transferencia: El gobierno ecuatoriano decidió dar por concluido el contrato con la empresa estadounidense Occidental cuando esta transfirió, sin comunicarlo a las autoridades energéticas de la época, el 40% de sus acciones a la canadiense Encana.

- Tratado: El 2 de julio del 2009, el presidente Rafael Correa firmó el decreto 1823 en el que denuncia y declara terminado el convenio con el Ciadi, firmado el 15 de enero de 1986 en Washington. Esta resolución no fue retroactiva, por lo que no se suspendieron los procesos que ya estaban en curso, como el caso Oxy.