Quito. La petrolera brasileña estatal Petrobras anunció este lunes que no se adherirá a los nuevos contratos de prestación de servicios propuestos por Ecuador, a un día que termine este martes el plazo impuesto por el país para concluir con las demoradas tratativas.

Quito fijó la medianoche de este martes 23 de noviembre como plazo para que las empresas petroleras que operan en su jurisdicción acepten migrar a los nuevos convenios, de lo contrario, advirtió, se realizará una liquidación de sus activos y tendrán que abandonar la nación.

Luego de concluir con las compañías grandes, el país andino arrancará un nuevo proceso de negociación con firmas pequeñas que operan campos marginales y que deberá concluir hasta el 23 de enero de 2011, de acuerdo a una reforma legal.

Una fuente de Petrobras en Río de Janeiro dijo a Reuters que la firma no se adherirá debido a desacuerdos con el Gobierno ecuatoriano, sin emitir mayores detalles.

La petrolera brasileña pediría una terminación acordada de su actual contrato y prevé que el proceso de traspaso a las empresas públicas de su campo, del que extrae unos 19.300 barriles promedio día (bpd), demore entre 60 y 120 días, según otra fuente de la empresa en Quito.

El fin de semana, el presidente Rafael Correa adelantó que dos petroleras podrían abandonar la nación andina por desacuerdos en los términos económicos planteados.

Aunque se abstuvo en mencionar a las firmas, fuentes cercanas a la negociación señalaron que además de la brasileña Petrobras, la española Repsol-YPF no aceptaría el nuevo contrato por discrepancias.

Proceso de cambio de contratos. El socio más pequeño de la OPEP impulsa desde hace dos años un proceso para cambiar sus contratos de participación por unos de prestación de servicios donde el Estado será el dueño de la totalidad del crudo y pagará una tarifa a las empresas por cada barril de crudo extraído.

A diferencia de las dos petroleras privadas, la estatal chilena ENAP aceptó los términos fijados por Correa y suscribirá el nuevo contrato este martes, según un comunicado oficial del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, que no dio detalles del acuerdo.

ENAP, a través de su subsidiaria Sipec, opera algunos campos en la amazonia ecuatoriana, de los que extrae unos 13.664 bpd y busca emprender en nuevos proyectos en el estratégico sector del país petrolero.

Tarifa de la discordia. Analistas creen que las amenazas entre las firmas privadas y el gobierno forman parte de una estrategia de negociación. Correa ha tenido un estilo confrontativo para cambiar las reglas de juego en sectores clave, como bonos de deuda y de telecomunicaciones.

El desacuerdo entre el gobierno y las firmas se concentra en el pago de una tarifa, que incluye costos operativos, amortizaciones de inversión, y la ubicación de una sede en caso de demandas de arbitraje por caducidad de contrato.

El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, reconoció a Reuters este viernes 19 de noviembre que la firma Ecuador TLC, una unidad de la brasileña Petrobras, había expresado desacuerdos pero que esperaba que las conversaciones concluyan positivamente.

La española Repsol-YPF, de su parte, también estaría alejándose de un acuerdo con el Gobierno debido a la tarifa y detalles acerca de la resolución de controversias, agregó la fuente.

"Es normal y es lógico que cada una de las partes en una negociación utilice su estrategia", dijo el analista petrolero Luis Calero, al señalar que hay que esperar hasta el último momento para conocer los resultados.

Las firmas chinas Andes Petroleum y PetroOriental, que amenazaron con llevar al país a un arbitraje internacional por "poca transparencia" en la negociación, habrían alcanzado un acuerdo con el gobierno, agregó una fuente de las firmas, cuyo mayor accionista es la estatal de China CNPC.

En el socio más pequeño de la OPEP operan, además de las dos firmas chinas, Repsol, Petrobras, la italiana Eni, entre las principales.

Luego de concluir con las compañías grandes, el país andino arrancará un nuevo proceso de negociación con firmas pequeñas que operan campos marginales y que deberá concluir hasta el 23 de enero, de acuerdo a una reforma legal.