El socio más pequeño de la OPEP había anticipado que buscaría la nulidad de la resolución del Ciadi que obliga a Ecuador a indemnizar por US$1.770 millones más intereses a la petrolera por la declaratoria de caducidad de su contrato en mayo del 2006.

Quito. Ecuador pidió la nulidad de un millonario fallo de un tribunal arbitral a favor de la petrolera estadounidense Occidental, argumentando abuso del organismo y falta de jurisdicción para conocer el polémico caso, dijo este miércoles un portavoz de la procuraduría.

El socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) había anticipado que buscaría la nulidad de la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que obliga a Ecuador a indemnizar por US$1.770 millones más intereses a la petrolera por la declaratoria de caducidad de su contrato en mayo del 2006.

"Ya fue formulado el pedido de nulidad (del fallo) ante el Ciadi", agregó el portavoz.

La solicitud se fundamenta en un exceso de poder del Ciadi al incluir dentro de la resolución a una empresa china, propietaria de una parte de los derechos del contrato, que no estaba protegida por el tratado bilateral de inversiones entre Ecuador y Estados Unidos.

Además argumenta que el Ciadi no tenía la jurisdicción para resolver la demanda de la petrolera porque el contrato no contemplaba a ese tribunal como espacio para resolver conflictos entre las partes.

"Hay una ausencia de fundamentación en una gran cantidad de puntos dentro del laudo arbitral", aseguró el procurador, Diego García, quien actúa como abogado del Estado en litigios con firmas extranjeras, en una entrevista a una radio local a última hora del martes.

Ecuador declaró la caducidad del contrato con Occidental argumentando que la petrolera no informó a las autoridades locales un traspaso a la empresa canadiense Encana del 40% de los derechos del contrato para operar el bloque 15.

Posteriormente Encana cedió su parte a la china Andes Petroleum.

Por su parte, la petrolera ha señalado que la medida tomada por Quito fue injusta y discriminatoria. Además acusa al país de no haber protegido la inversión realizada en los yacimientos.

El Ciadi tiene un plazo de hasta dos años para pronunciarse sobre el pedido de Ecuador, mientras tanto siguen corriendo los intereses de la indemnización.

Ecuador abandonó el Ciadi en el 2009.