La presencia de la constructora brasileña Odebrecht se puede rastrear en al menos quince obras importantes en el país.

La hidroeléctrica Manduriacu, el proyecto de riego Daule Vinces, el acueducto La Esperanza y la preparación del terreno en la Refinería del Pacífico, y el poliducto Pascuales-Cuenca son las de más reciente contratación por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Senagua, Petroecuador, y otras entidades. En tanto que la Ruta Viva y el Metro de Quito son contrataciones del Municipio de la capital en las administraciones de Augusto Barrera y Mauricio Rodas.

De las quince, solo ocho de las más grandes, costarán unos US$3.200 millones.

Los contratos con Odebrecht están en la mira del mundo luego de que el pasado miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara que la empresa pagó entre el 2007 y el 2016 unos US$33,5 millones en sobornos en Ecuador, práctica que se extiende a doce países.

El contralor Carlos Pólit indicó a este Diario que el organismo no tiene competencia para investigar la denuncias de sobornos ya que está fuera de la jurisdicción local.

Ayer, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, contestó la denuncia, citando un párrafo del informe en el que se indica que “por ejemplo”, un funcionario recibió pagos corruptos en efectivo por arreglar problemas con un proyecto de construcción.

Mera dijo que en el 2008 las relaciones del gobierno de Rafael Correa fueron pésimas con Odebrecht. “Les quitamos todas las obras, los expulsamos del país”, dijo. Por ello, decir que en el 2008 se corrompió a algún funcionario para conseguir algo “es incomprensible”.

Pero el funcionario dijo que el Gobierno “no va a sacar el cuerpo a la investigación”, pero aseguró tener “la conciencia tranquila desde la Presidencia y Vicepresidencia”.

Aclaró que todos estos actos para fiscalizar a Odebrecht los hizo el propio vicepresidente Jorge Glas cuando fue ministro de Sectores Estratégicos y gerente de las hidroeléctricas.

Agregó que las contrataciones han sido auditadas por la Contraloría y la Fiscalía.

La primera, según sus cifras, ha realizado 27 exámenes especiales a 15 obras de Odebrecht contratadas en anteriores gobiernos y el actual. Y se dispusieron cobros de US$70 millones en glosas (responsabilidades civiles), US$279.883 en multas (responsabilidades administrativas) y US$129.102 en órdenes de reintegro. También se detectaron dos indicios de responsabilidad penal por supuesto peculado en el proyecto Baba que, según el ente de control, fueron archivados por la Fiscalía.

El contralor Carlos Pólit indicó a este Diario que el organismo no tiene competencia para investigar la denuncias de sobornos ya que está fuera de la jurisdicción local.

Agregó que podrían actuar si existiese una denuncia puntual sobre el incremento del patrimonio de algún funcionario.

Mera anunció que enviará a la Fiscalía un pedido para que se investiguen las declaraciones de Odebrecht y que se pida al Departamento de Justicia de EE.UU. la colaboración para descubrir la verdad: “Nosotros no vamos a proteger a nadie... No nos importa, caiga quien caiga”, aseguró.

Jorge Rodríguez, vocero de la Comisión Anticorrupción creada por sectores sociales, lamentó que en su momento la Fiscalía haya archivado la denuncia de la Comisión que halló sobreprecios en Manduriacu.

Mencionó que este informe corrobora las investigaciones que les ha costado ser “perseguidos” por el Gobierno.