Quito.- El Viceministro de Minería, Henry Troya, ratificó que en los próximos cuatro años se prevén inversiones por US$4.500 millones en el sector. Además, se espera generar US$ 3.700 millones en exportaciones y crear alrededor de 25 mil fuentes de empleo.

"Esos son los impactos positivos de la minería”, aseveró esta semana en entrevista con el canal público Ecuador TV, donde se refirió a los proyectos en marcha y las perspectivas de desarrollo de esta industria para fortalecer la economía.

Troya aclaró que la explotación minera no se hará a cualquier costo y está acompañada de una planificación, trabajada con el Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua, para definir las zonas de alta fragilidad ambiental en las cuales no se desarrollará minería.

También se refirió en particular al proyecto Río Blanco, donde, dijo, se necesita de seguridad jurídica para atraer inversión.

Troya señaló que el resto de proyectos se desarrolla con normalidad, como Fruta del Norte, uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo no explotados, ubicado en Zamora Chinchipe, y con una inversión comprometida de US$ 1.000 millones.

Dijo que en ese plan se cumple el cronograma y en el siguiente año comienza la preproducción,  para lo cual ya se consolidó su modelo de financiamiento con capitales de banca norteamericana.

“Esto denota que no solo Lundin Gold confió en el modelo de política pública planteado por el Gobierno ecuatoriano, sino que la banca internacional confió en la estructura que planteamos para financiar los proyectos”, sostuvo.

Proyecto Río Blanco. El proyecto de mediana minería Río Blanco, ubicado en Molleturo, provincia del Azuay, en el sur de Ecuador, podría iniciar su producción en el tercer trimestre del año con una inversión que se estima en US$89 millones.  

El viceministro Troya señaló que se ha hecho un pedido formal a los jueces y todos los que administran justicia, "para generar seguridad jurídica que el inversionista sienta que lo que está en la ley se respeta”.

Troya recordó que el 2 de mayo, grupos que no son de comunidades cercanas al proyecto se tomaron el campamento, lo incendiaron, hurtaron explosivos que estaban almacenados y bloquearon las vías, por lo que estos hechos se están judicializando.

Luego de la toma del campamento minero, explicó, un juez suspendió el proyecto por falta de consulta previa en las comunidades campesinas, se solicitó la desmilitarización de este y se afectaron cerca de US$500.000 de inversión de la empresa.

Troya aseguró que no cabía la suspensión del plan porque la consulta previa engloba a pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montuvios y, según el último censo, el 93% de la población de Molleturo se considera mestiza.

Respecto a la posesión ancestral de tierras se demostró que las mismas fueron transferidas entre mestizos en procesos de compra y venta, “no se vulneró la consulta previa”, remarcó.

Sobre el manejo ambiental, Troya manifestó que se entregaron en el proceso legal las licencias ambientales, uso del agua y estudios internacionales.

“Para tranquilidad de la ciudadanía, hace un año se suscribió un convenio con las universidades de Cuenca y del Azuay para que realicen los estudios científicos, los resultados objetivos son que no existe ningún indicio de contaminación del proyecto, porque ni siquiera se ha explotado”, destacó.

El Viceministro aclaró que está en construcción el bosquejo, ubicado en una zona entre los 3 mil 600 y 3 mil 800 metros de altura y en medio del frío páramo andino, y denunció que los jueces recibieron presión. 

“Días antes de que se emita el fallo, fue brutalmente atacado el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Molleturo, Salustino Butá. Le agredieron porque se acercó al juez y declaró que él no ha evidenciado ninguna alteración al medioambiente”, indicó.

Ratificó que las autoridades  rechazan las presiones y el hecho de que se ponga en riesgo a la población y aseveró que se acatará la sentencia pero enmarcada en el Derecho.

Troya explicó que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, llamó a consulta popular y ahí se estableció que no se puede realizar actividad minera en zonas intangibles, áreas protegidas y centros urbanos.

Explicó que el juez se equivocó al confundir bosque protector con área protegida. “Área protegida es el parque Nacional Cajas, donde existe biodiversidad sensible, un bosque protector puede ser intervenido, lo es en agricultura, ganadería, industrias como la minería”, aclaró.

Subrayó que con el desarrollo esas actividades no deja de ser bosque protector, ya que cuando el Ministerio (de Ambiente) otorga un permiso, demanda planes de reforestación mucho más completos para resguardar los bosques protectores”.