“Ecuador rechaza categóricamente este laudo, en tanto la caducidad del contrato a OXY fue dictada en cumplimiento de nuestra legislación interna y el contrato vigente. El equipo de defensa del Estado está analizando el laudo con el objeto de definir las medidas que podría tomar frente a esta decisión, sin descartar, por supuesto, una posible anulación”, dijo el Procurador General.

La Procuraduría General del Estado fue notificada con el laudo final de daños y responsabilidad emitido por el Tribunal Arbitral (bajo reglas CIADI) que resolvió la demanda planteada por la petrolera Occidental (OXY) en contra del Estado ecuatoriano debido a la declaratoria de caducidad del Contrato de Participación para la Exploración y Explotación del Bloque 15, que hiciera el ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Alfredo Palacio, el 15 de mayo de 2006.

El laudo no fue unánime, pues uno de los miembros del Tribunal, la profesora Brigitte Stern, dictó una enérgica opinión disidente.

Si bien la pretensión de la transnacional petrolera era que se condenara a Ecuador a pagar US$3.370 millones, el laudo condena al Estado ecuatoriano al pago de una indemnización de US$1.770 millones más intereses, bajo el argumento de que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos (TBI) al no otorgar a la inversión de OXY un trato justo y equitativo, y por haberla expropiado al dictar la caducidad del contrato del Bloque 15.

Sin embargo, el Tribunal también concluyó que la petrolera violó el Contrato de Participación al no obtener la autorización del entonces ministerio de Energía y Minas para la transferencia de derechos mediante el Acuerdo Farmout que firmara en octubre de 2000 con la canadiense Alberta Energy Corporation (AEC).

Al respecto, el doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado, fue enfático al señalar que “Ecuador rechaza categóricamente este laudo, en tanto la caducidad del contrato a OXY fue dictada en cumplimiento de nuestra legislación interna y el contrato vigente. El equipo de defensa del Estado está analizando el laudo con el objeto de definir las medidas que podría tomar frente a esta decisión, sin descartar, por supuesto, una posible anulación”.

“A pesar de esta decisión del Tribunal, el Estado ecuatoriano y sus instituciones ratifican su respeto al ordenamiento jurídico nacional y al derecho internacional, así como han respetado el Tratado Bilateral de Inversiones con EUA”, acotó.

Dada la complejidad y extensión del documento del laudo, que tiene alrededor de 350 páginas, que ameritan un análisis jurídico detallado, la Procuraduría General del Estado emitirá un pronunciamiento al respecto el día lunes 8 de octubre.