Ecuador presentó ante La Haya un pedido de anulación del laudo parcial, emitido el 17 de septiembre pasado por el Tribunal Arbitral que conoce la demanda presentada por la petrolera estadounidense Chevron (como Chevron III), por las supuestas denegación de justicia y violación del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) suscrito entre Ecuador y Estados Unidos.

"La solicitud de anulación, además, comprende los laudos interinos sobre Medidas provisionales dictados por el Tribunal el 25 de enero, el 16 de febrero de 2012 y el 7 de febrero de 2013; así como al laudo interino sobre Jurisdicción y Admisibilidad dictado el 27 de febrero de 2012", detalla un comunicado de la Procuraduría General del Estado.

Según el procurador Diego García, el pedido de anulación a la Corte del Distrito de La Haya incluye cuestionamientos a la competencia del Tribunal Arbitral en el caso Chevron III, ya que es un tema que no compete a un arbitraje de inversión, y que "el Tribunal ha rebasado los límites del derecho internacional al asumir una competencia que no tiene, lo que afectaría la validez de cualquier decisión que adopte en el futuro".

En la solicitud de anulación, la Procuraduría presentó tres argumentos: La inexistencia de un convenio arbitral entre Ecuador y Chevron-Texaco, razón por la cual el Tribunal no podía declararse competente para conocer el reclamo, no solo por la ausencia de una inversión sino porque el TBI suscrito con Estados Unidos entró en vigencia en 1997, mientras que la compañía cesó sus inversiones en el país en 1992.

Además de que los laudos interinos sobre medidas provisionales violaron el derecho público ecuatoriano al haber ordenado a Ecuador suspender la emisión y/o ejecución de la sentencia de Lago Agrio, contraviniendo el principio de separación de poderes y la independencia judicial.

Y por último, en el Primer Laudo Parcial, el Tribunal actuó con exceso de poder al resolver que los ciudadanos ecuatorianos no podían presentar reclamos ante la justicia nacional sobre su derecho de vivir en un medio ambiente sano, decisión que afecta el derecho de los demandantes de Lago Agrio.