Aunque la Contraloría halló a 138 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) responsables civilmente por la toma de la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, el 30 de septiembre del 2010 (30-S), el caso no ha pasado a la justicia y se mantiene en el congelador.

La Unidad Administrativa de Control de la Contraloría presentó en enero pasado un informe sobre el examen especial que levantó por la utilización de bienes públicos en la base, durante la jornada de protestas.

La unidad estableció que la responsabilidad administrativa culposa es de $ 165.600 y la responsabilidad civil de $ 44.622; es decir, el perjuicio total para el Estado por el cierre de las operaciones asciende a $ 210.222.

Según el informe, el comandante de la FAE, Leonardo Barreiro, presentó una nómina de 152 personas identificadas en los acontecimientos, pero esta se redujo a 138 luego de que varios uniformados expusieran sus pruebas de descargo. Sus nombres aún se mantienen en reserva pese a que han pasado cuatro meses desde que la lista fue entregada y ocho del 30-S.

La semana pasada Barreiro indicó que el Ministerio de Defensa es el encargado de pronunciarse sobre el tema.

El titular de esa cartera, Javier Ponce, señaló semanas atrás que el informe de la Contraloría era preliminar y que faltaba el definitivo.

El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, afirmó el 21 de octubre del 2010 que para el Gobierno la protesta de los militares no ameritaba juicios penales sino procesos disciplinarios internos.

Dichos procesos se realizaron pero tampoco se han difundido los nombres de los implicados.

Durante el 30-S no solo protestaron uniformados de la FAE en la pista aérea sino también personal del Ejército y la Marina en los exteriores del Ministerio de Defensa con la quema de llantas y proclamas.

El presidente Rafael Correa exaltó la lealtad de los oficiales durante la ceremonia militar por la Batalla del Pichincha, la semana pasada. “Hubo actos de heroísmo (como el 30-S) que me comprometen para siempre con las FF.AA.”, dijo.

Para el ex ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, el régimen rompió los códigos de disciplina y obediencia militar buscando establecer responsabilidades administrativas y civiles por la sublevación del 30-S.

Bloqueo de pista aérea. Según el informe que levantó la Unidad Administrativa de Control de la Contraloría, varios militares de la FAE obstaculizaron la pista del aeropuerto Mariscal Sucre con un remolcador, una planta eléctrica, un levanta cargas Clark y dos buses de la institución.

Sugerencias. Recomendó al comandante de la FAE que disponga al jefe del Comando de Educación y Doctrina, del Ala de Transporte Nº 11, al Director de la Academia de Guerra, entre otros, que “los bienes y afines de la FAE se utilicen únicamente en las labores y objetivos institucionales”.