Quito. Todo extremo es malo, dice el refrán. Hasta antes del 2010 la demanda de electricidad en el país superaba la capacidad instalada de generación en ciertos periodos, sobre todo en época de estiaje, por lo que había que importar energía o establecer medidas radicales como racionamientos. Esta situación se revirtió.

Ecuador cuenta con una capacidad instalada para generar 8.036,34 MW –denominada potencia nominal por incluir el potencial de diseño de las centrales–, según el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). Pero la demanda máxima cubre el 47% de eso, al requerir 3.746 MW.

Es decir, el 53% de la energía que se puede generar no se usa. Y si se toma en cuenta la capacidad efectiva de generación, que es de 7.434,81 MW, lo no aprovechado llega al 50%.

Tres de las ocho hidroeléctricas consideradas proyectos emblemáticos por el Gobierno anterior están operando. Estas son la razón de la mayor parte del incremento de la capacidad. El costo de las ocho, que debían estar listas entre 2015 y 2017, según la previsión inicial, es de US$4.767,2 millones.

Pero la generación de las hidroeléctricas no se ha traducido en la reducción significativa de las tarifas. En junio de 2007, cuando tenía cinco meses en el poder, el entonces presidente Rafael Correa dijo en cadena radial que el Gobierno tenía el desafío “de construir pronto las hidroeléctricas”. Y recalcó que “si se hubieran construido antes, no habría ningún problema con el costo de energía que estaría en tres o cuatro centavos (el kilovatio hora, kWh)”.

 

Mediante decreto de julio de 2007, antes de que se amplíe la generación hidroeléctrica, a esto se lo llamó tarifa de la dignidad, aplicada al sector residencial cuyos consumos sean inferiores a 110 kWh por mes en la Sierra y 130 kWh-mes en Costa, Oriente e Insular.

El problema, dice Luis Ordóñez, director del Centro de Investigación y Capacitación Eléctrica, es que el financiamiento de las hidroeléctricas se hizo con deuda. “Hay que pagarlas, cubrir la deuda con tarifas, no hay otra”, afirma.

Ordóñez agrega que había la necesidad de construir nuevas centrales, pero debió hacerse en función de la demanda: “El consumo por cocina de inducción (que usa electricidad) no creció, no hubo cambio de la matriz energética en el consumo, entonces lo que se preveía con las centrales no se cumplió, allí hubo una desconexión”.

El excedente, dice Ordóñez, se da en la capacidad instalada, sin contar con periodos en los que por falta de agua se requiere generación térmica (quema de combustibles fósiles). Los estándares indican que el exceso de capacidad debe estar entre el 10% y el 20% como reserva para garantizar el abastecimiento teniendo un aumento fijo de la demanda.

Una alternativa sería la exportación que no ha subido. En 2017 se vendió casi el 1% de la energía producida a un costo de US$31,21 millones.

El mismo Plan Maestro de Electricidad 2016-2025 determina que la demanda proyectada de aquí a cinco años es de 5.579 MW. Esto tomando en cuenta el cambio en los hogares de las cocinas, más lo que requerirán el Metro de Quito, el tranvía de Cuenca, las empresas mineras y petroleras.

La proyección incluye, por ejemplo, el uso de electricidad en las camaroneras que hoy utilizan motores a diésel. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Campuszano, afirma que el sector debe tener garantías para electrificar sus fincas y recuperar la inversión con tarifas competitivas.

“El Gobierno anterior en menos de dos años incrementó la tarifa para el sector industrial que estaba entre US$0,08 y US$0,09 (kWh) a casi US$0,12”, señala.

El régimen actual redujo en diciembre último las tarifas para el área industrial. Según un análisis del 26 de marzo realizado por la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), la medida implicó una reducción del 9,8% de la tarifa promedio del kWh facturado al sector industrial en enero de este año respecto del mismo mes de 2017. Y hay una disminución en los sectores residencial y comercial del 2,8% y 0,8%, según la CIG.

La presidenta de este gremio, Caterina Costa, asegura que la reducción beneficia más a las grandes empresas que tienen turnos en la franja horaria de 22:00 a 08:00, periodo en el que la baja fue mayor: “En la CIG tenemos 36 tipos de industrias y no todas ellas pueden trabajar en turnos de 24 horas. Además, en las jornadas de la noche hay recargas en la mano de obra (...), por eso hemos pedido que se amplíen los horarios para que las medianas y pequeñas puedan beneficiarse”, dice.

 

Al costo se suma la calidad que varía según la provincia. La frecuencia media de interrupción del servicio fue de 5,09 veces con un tiempo promedio de 5,1 horas a nivel nacional en 2017, según el MEER. Hay una mejora respecto a los años anteriores, pero esto es variable.

Las empresas que registraron el mayor número de interrupciones del servicio en enero pasado fueron CNEL-Sucumbíos (19,7 veces), EE Galápagos (18,5), CNEL-El Oro (17,9), CNEL-Milagro (16), CNEL-Los Ríos (14,6), CNEL-Esmeraldas (13,9), EE Riobamba (13), CNEL-Bolívar (10,9), CNEL-Santa Elena (10,7), CNEL Guayas-Los Ríos (8,3) y CNEL-Manabí (8), según la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad.

El 15 de marzo pasado se dio un apagón en Guayaquil y parte de la provincia de Santa Elena. Entre los efectos estuvieron las fallas en los servicios públicos, más la avería de artefactos.

Eduardo Cedeño, médico del Centro de Especialidades Odontológicas, fue uno de los perjudicados. “Tenía anestesiada a una paciente cuando se fue la luz y el sillón que utilizo se quedó inmóvil. Cuando regresó la luz, ya no funcionaba. Pensé que era la tarjeta madre que cuesta $ 350 (...), por suerte el daño no fue mayor y pagué $ 30. Creo que no salí tan afectado por los reguladores de voltaje que tengo; los cortes de luz son frecuentes”, recalca.

Cedeño se quejó en la red social Twitter, pero no denunció el caso a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Esta registra que, en Guayaquil, durante lo que va del año se han receptado 26 reclamos por daños de equipos de los que 7 recibieron una indemnización (transferencia o cheque).

Los afectados deben presentar su reclamo en CNEL hasta 60 días después del siniestro. El MEER aclaró que la falla fue por problemas en la transmisión.