El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda, indicó que esos acuerdos “son dañinos para la economía de nuestro país”, porque son millonarios y representan a una élite.
La Paz. De 1.642 cooperativas mineras existentes en Bolivia, cerca de 100 (6%) suscribieron contratos con empresas privadas, algunas desde 1992. En las estatales Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se registraron seis contratos mixtos y 35 en el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin).
Los datos fueron difundidos por el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda, quien indicó en rueda de prensa que esos acuerdos “son dañinos para la economía de nuestro país”, porque son millonarios y representan a una élite.
“Son más o menos cerca de 100 cooperativas que firmaron con diferentes empresas privadas, no representa ni el 10%, por lo tanto hay una élite que ha firmado este tipo de contratos en desmedro de una cantidad de cooperativas, pero además beneficiando fundamentalmente a la inversión privada”, señaló Navarro.
Por ejemplo, encontraron que en Potosí siete cooperativas firmaron contratos con la Empresa Minera Manquiri por 25 años, hasta 2021.
Cifras. Entre las características de este acuerdo está que esa compañía pagó en 2012 a la Comibol US$5 millones, que representa solo 2,5% del valor neto de venta del mineral explotado; a los cuentapropistas se les canceló US$3 millones, 1,5%; y los privados tuvieron un ingreso de unos US$200 millones. Si a ello se les reducen los costos de operación (63%), su ganancia llega a ser 35% lo que representa US$66 millones, detalló el ministro.
“El grueso de la ganancia se queda con la empresa privada, es decir éste fue el mecanismo que encontró el neoliberalismo para privatizar los recursos naturales y en este caso los desmontes y pallacos que están en el Cerro Rico de Potosí y que han sido acumulados desde la invasión española y tienen un fuerte contenido de plata”, lamentó César Navarro.
En cuanto a los contratos registrados en Sergeotecmin, el porcentaje de utilidades que reciben las empresas varían pero por lo general llegan a ser 85% para las privadas y 15% para los cuentapropistas, que en su mayoría son auríferos, añadió. También se encontraron contratos en los que los cooperativistas recibían hasta 30% pero la mayor parte sigue siendo para los privados, señaló.
Mixto. La investigación que llevan adelante el ministerio de Minería y la Fiscalía sobre los contratos permitirá establecer también la cantidad de producción que tenían las empresas bajo el contrato mixto, manifestó.
A modo de detalle, Navarro recordó que entre 1992 y 1993 —durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada— se entregaron dos millones de desmontes y pallacos en Potosí a los cooperativistas, a condición de que éstos utilicen los mismos a través de un proceso de lixiviación y se obtengan lingotes de plata, pero mediante un socio que era la Compañía Minera Concepción SA (Comco), a la vez subsidiaria de la Compañía Minera del Sur (Comsur) que estaba en manos del exmandatario.
La autoridad anticipó que habrá una reestructuración del equipo técnico en el Ministerio de Minería para trabajar no solo en lo que será el proyecto de ley del sector, sino en consolidar diferentes proyectos públicos y estatales, como desarrollar más la actividad explorativa, propuestas que permitan mayor inversión.
La reunión para tratar un artículo. Proyecto. Este jueves, a partir de las 07.00, el presidente Evo Morales y la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) se reunirán en instalaciones de la Vicepresidencia para discutir el artículo 151 del proyecto de Ley de Minería, punto observado por los trabajadores del subsuelo.
Condición. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que para este encuentro los cooperativistas deberán asistir en un número de 30 representantes a nivel nacional, regional y local, tal como se había acordado.
Córdova dice que hay ambigüedad en normas. El ex presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, afirmó el miércoles que los contratos firmados por las cooperativas con empresas privadas son legales en el marco del actual Código de Minería, vigente desde 1997, pero ilegales según la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que prohíbe ese tipo de asociaciones.
“El Código 1777, Artículo 21, les autoriza (a realizar esos contratos) por lo tanto si lo hacen en ese marco es legal, pero también hay que destacar la ambigüedad que tenemos en el marco normativo porque la Constitución de febrero de 2009 es clara cuando indica que solamente es el Estado el que administra los recursos naturales”, aseguró Córdova en declaraciones a radio Erbol y que recoge la agencia de noticias Oxígeno.
Dicho artículo señala que las sociedades mineras cooperativas legalmente constituidas de acuerdo con la Ley General de Cooperativas gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que este Código establece para todos los concesionarios mineros. “Las sociedades cooperativas mineras podrán asociarse y suscribir contratos de cualquier naturaleza, incluidos contratos de riesgo compartido con la Corporación Minera de Bolivia o con otras personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, sin perder su naturaleza de entidades de interés social”, añade.
La exautoridad también recordó que en 2006 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya había observado la norma por ser inconstitucional. Si bien en aquel entonces modificó varios artículos, el TCP dejó intacto el Artículo 21 en el que se amparan los cooperativistas mineros para firmar esos acuerdos ahora denominados de asociación, añadió Héctor Córdova.
