La controversia alrededor del complejo comercial Dragon Mart, en la Riviera Maya, reune en un mismo bando a ambientalistas y empresarios. Del otro lado están una oscura empresa estatal china y empresarios mexicanos, cercanos al gobierno de Vicente Fox.

Cancún era un pueblo pescador rodeado de selva virgen. Desde mediados de los 70, todo cambió. Hoy es uno de los destinos de playa con mayor afluencia en el mundo. Playa del Carmen, a 60 kilómetros, era en 1996 un pequeño pueblo de 10.000 habitantes. En los siguientes 15 años la ciudad creció a una velocidad de 14.000 nuevos habitantes por año. 

Equidistante entre estas dos ciudades está Puerto Morelos, que comparte con ellas las playas de arena blanca, el mar azul y la segunda mayor barrera de coral del mundo. A pesar de la explosión turística, el pueblo de 9.000 habitantes ha mantenido su esencia caribeña. Seguramente esto cambiará. A menos de 10 minutos en coche y a tres kilómetros de la playa, en un área de 557 hectáreas conocida como El Tucán, se está construyendo Dragon Mart, un enorme centro de comercio mayorista-minorista.

Mientras más de un millón de metros cuadrados de tierra son utilizados para rellenar y nivelar el predio, los detractores del proyecto siguen tratando por todos los medios de detenerlo, ante la inmovilidad y el silencio del gobierno federal. ¿Pero es Dragon Mart una amenaza como denuncian?

El negocio. “Que no le cuenten cuentos chinos”, dice un cartel a la entrada del terreno donde se construirá el complejo comercial. “Acá se generarán 8.550 empleos.”

Hace tres años Hao Feng, presidente de la empresa Chinamex, en compañía del saliente gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, el gobernador electo, Roberto Borge, y decenas de empresarios chinos, anunciaron que El Tucán había sido elegido para construir un nuevo Dragon Mart. 

La frecuencia de vuelos desde cualquier parte del mundo, la capacidad hotelera, la infraestructura carretera y la estratégica posición geográfica de la Riviera Maya para atender los mercados de Centro y Sudamérica, fueron algunas de las razones de la decisión. “Esta infraestructura le da fortaleza al concepto de nuestro negocio, que trata de comunicar al fabricante con el consumidor sin intermediarios, en un lugar que sea accesible”, explica Juan Carlos López Rodríguez, director general de Real Estate Dragon Mart Cancún. 

Se proyecta construir un centro de exhibición de 3.040 locales, dos bodegas de 20.000 metros cuadrados, 38 hectáreas urbanizadas para centros de almacenaje, un business center, servicios financieros, servicios de comida rápida, parques, agencias aduanales y 722 viviendas para el personal que laborará en el complejo comercial. Se reforestarán 49 hectáreas y, por exigencias del Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), 354 se mantendrán como área de conservación. 

La inversión, en su primera fase, es de US$180 millones. Un 45% del consorcio dueño del proyecto pertenece al Grupo Monterrey; un 45% a Eduardo Castillo Medrano, antiguo propietario del terreno, y 10% a China Machinery & Electronic Products Exhibition Center -Chinamex- una compañía fundada en el año 2000 por el gobierno chino para crear plataformas de comercialización de productos chinos en el exterior. Es la empresa que desarrolló el “Dragon Mart Dubái” en 2003. Monterrey, a su vez, está compuesto por José Luis Salas Cacho, Luis Felipe Salas Benavides (antiguo socio de Farmacias Benavides), Miguel Pedraza Villarreal y el mismo Juan Carlos López Rodríguez. Todos tuvieron vínculos importantes con el gobierno de Vicente Fox. López fue funcionario de aduanas y Salas Cacho, ex directivo de Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM), fue operador de la campaña de Fox en Monterrey y es uno de los contratistas más grandes de Pemex Exploración y Producción.
Las obras de Dragon Mart comenzaron a finales de 2013 y, explica López Rodríguez, en marzo se empezarán a comercializar los locales en China. Una empresa mexicana, fabricante de productos médicos, firmó el primer contrato de arrendamiento. El consorcio estima que el 70% de los locales comerciales serán tomados en renta por empresas chinas, el otro 30% se repartiría entre compañías mexicanas y de otros países.

Así como la composición accionaria cambió (en un principio era mayoritariamente china), el proyecto también ha sufrido grandes modificaciones. “Su discurso cambia sistemáticamente; cada vez que hacemos una crítica o que documentamos alguna irregularidad, cambian el proyecto”, explica Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), una de las instituciones empresariales que se han plantado en contra del megaproyecto. López lo niega: “Hemos modificado el proyecto de acuerdo a las necesidades del mercado y de nuestros clientes”.

Aparte de los importadores, las cámaras industriales y comerciales, grupos ambientalistas y medios de comunicación han creado un frente común en contra del proyecto, que acusan de opacidad. Para Guillermo Vidales, presidente de la comisión de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el proyecto “atenta contra el empleo y la economía del país”.

López se defiende: “No es más que un negocio inmobiliario en el que los expositores tienen un formato distinto para vender que la clásica cadena: fabricante, exportador, distribuidor, importador, mayorista o detallista”.

Y en medio, la política. “Nunca he visto un convenio de esta magnitud, en el que se favorezca a una empresa, nacional o extranjera, de esta manera”, dice un funcionario público que prefirió el anonimato. Se refiere a un convenio de cinco páginas firmado en marzo de 2011 por el entonces gobernador Félix González Cantó, Hao Feng, de Chinamex, y Salas Cacho, del Grupo Monterrey. El documento otorga subsidios, exención de pagos de impuestos, hace descuentos en las licencias, todo en beneficio del proyecto y sus inversionistas. 

El pasado presidente municipal, Julián Ricalde, del izquierdista Partido Revolucionario Democrático (PRD), detuvo el proyecto hasta donde le fue posible. En 2013, el PRI recuperó la presidencia municipal después de casi 15 años. El estado de Quintana Roo cerró filas y entregó la licencia de construcción inmediatamente. 

“Todo está tejido en una telaraña de relaciones y corrupción y de falta de claridad”, acusa Luis Foncerrada, del CEESP.

Salas Cacho es socio junto con López y Pedraza Villarreal de Logistik, empresa de logística que se encargará de transportar mercancías en Dragon Mart. López Rodríguez ha reconocido públicamente haber sido inhabilitado en aduanas por permitir el ingreso de productos, principalmente chinos, más baratos que lo reportado oficialmente. Hao Feng, presidente y socio de Chinamex, fue viceministro de comercio de China.

La oposición al proyecto ha estado liderada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Su representante en Quintana Roo, Alejandra Serrano, señala que “el proyecto debió ser evaluado a nivel federal” y que no pasó por una consulta pública. “El estado se ha excedido y el gobierno federal se ha limitado”, explica Serrano. En enero de 2013 Cemda interpuso una demanda de nulidad a la autorización de impacto ambiental otorgada por el estado de Quintana Roo, además de un amparo por medio del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

Razones verdes. Sobre el posible impacto ambiental del proyecto se ha dicho de todo. Algunas imprecisiones o datos erróneos, como la existencia de manglar en el terreno, le han costado muy caro a la credibilidad de las organizaciones ambientales. Cemda, Greenpeace y Voces Unidas de Puerto Morelos están tratando en los últimos meses de llegar a un mensaje más cercano a la realidad. 

“Hay algunas organizaciones, sobre todo una, que buscan protagonismo, quieren estar vigentes en los medios”, acusa López Rodríguez refiriéndose a Cemda. “Organizan foros, hacen declaraciones y nada de lo que han dicho lo han demostrado en los últimos 16 meses”.

Entre los reclamos más fuertes está el posible daño al manto acuífero de la región y en consecuencia al sistema de arrecifes. “Está en peligro todo el sistema que nos permite disfrutar de aguas claras y arrecifes de corales”, explica Guadalupe Velázquez, de Voces Unidas de Puerto Morelos. Alejandra Serrano argumenta que el suelo de la península de Yucatán es poroso y tiene conectividad constante con la costa. “Estamos a sólo 3.400 metros, en una zona de humedales”, dice. 

Parte del predio se había explotado legalmente desde el año 2002 para la extracción de materiales pétreos. Las organizaciones ambientales afirman que el consorcio aprovechó los permisos vigentes para preparar el terreno, deforestar, y no tener que llevar a nivel federal el manifiesto de Impacto Ambiental por el tipo de vegetación existente. Fotografías aéreas de 2009 demostrarían su teoría. La empresa lo niega tajantemente. 

Deforestación, un incremento inmanejable en el tránsito vehicular que no está considerado en la Manifestación de Impacto Ambiental, infracciones al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL). 

La lista de omisiones y violaciones ambientales podría ser larga. De la misma manera han sido los contraargumentos de la promotora del proyecto, que hasta ahora está ganando la partida. El centro de exhibiciones empezará a funcionar, si no hay contratiempos, a inicios de 2015.

Verdes razones. “El megaproyecto representará perjuicios incalculables para la pequeña y mediana empresa”, acusa Guillermo Vidales, presidente de la comisión de aduanas de la Concamin. “Se puede esperar una avalancha de importaciones de productos chinos en un país que ya tiene un déficit en su balanza comercial en una razón de 10 a 1. Los empleos directos e indirectos que se estima que va a generar el proyecto Dragon Mart resultan totalmente insuficientes para reponer el desempleo que pudiera generarse por el desplazamiento de productos mexicanos”, aseguró.

Son los temores que provoca China, con sus productos de bajo costo, en cualquier región del mundo. “Entendemos la preocupación de importadores e intermediarios, pero ése es el libre mercado”, se defiende López Rodríguez. 

Las cámaras comerciales e industriales opuestas a Dragon Mart saben que la única manera de detener el proyecto es por el lado ambiental. “Los efectos económicos, las prácticas desleales, no se van a poder demostrar sino hasta que sucedan”, reconoce Foncerrada. 

En la última visita de una misión comercial china no se hizo ninguna mención al proyecto Dragon Mart. Un industrial presente, que participó en la misión y que pidió reserva a su nombre, dijo “se nos pidió, puntualmente, que no mencionáramos el proyecto”.

El déficit comercial de México con Asia llegó a US$100.925 millones al cierre de 2013. China representó más de la mitad de ese déficit: US$54.854 millones. 

Hasta ahora, el proyecto sigue y los días apacibles de Puerto Morelos parecen tener fecha de caducidad. El dragón no suele dar puntada sin hilo.