Bogotá. En Colombia no se sabe con precisión cuántas personas dependen, económicamente hablando, del sector agrícola.

Tampoco cuántas son las unidades productivas, cómo se está empleando y distribuyendo el suelo, quién es dueño o arrendatario de tierras, de maquinaria, incluso de ganado.

Se desconoce cómo viven las familias, si tienen acceso a la educación o el nivel al que han llegado. En estas tierras todo está en aproximaciones. Un drama para el campo colombiano.

¿Cómo tejer sobre la nada? Eso es lo que les han preguntado gremios, campesinos y hasta la comunidad internacional a los gobiernos nacionales, que han tratado de formular prácticas sectoriales efectivas con intentos fallidos en medio de un conflicto armado agudo.

La administración de Álvaro Uribe lo pretendió con Agro Ingreso Seguro (AIS). Se buscaba asignar recursos para pequeños y medianos productores con el fin de hacerlos más competitivos y protegerlos ante choques externos. Las cifras demostraron que no lo logró y el PIB agrario no levantó.

AIS se convirtió en un escándalo y “el principio de igualdad no se cumplió, buena parte de esos subsidios terminaron en manos de terratenientes, burócratas, reinas de belleza y hasta personas acusadas de paramilitarismo”, detalló el Cinep en su investigación sobre los ocho años de ese gobierno.

Además, “el programa terminó excluyendo a pequeños productores y a campesinos”. “No existió una política de desarrollo rural”, agregaron. O, de forma más extensa, recalcaron: “En los mandatos de Uribe se fortaleció la economía extractiva y se amplió la brecha urbano-rural”.

A pesar de todo, con una caída que comenzó en 2007 y se acentuó en 2009, la economía agraria logró levantarse a partir de 2010, tiempo en el que aterrizó la administración de Juan Manuel Santos y se encontró con el ascenso. La agricultura entonces se convirtió en una de las locomotoras que le permitirían al país mejorar la calidad de vida de los campesinos y, en la misma ruta, del país entero, decía el gobierno entrante.

Un sector intensivo en mano de obra, que usaba la tierra más para pastar las vacas que para sembrar, que necesitaba hacer de las fincas y grandes extensiones de tierra verdaderos modelos productivos basados en el sustento del grueso capital empresarial, era el objetivo.

Pero el meollo, quizá, más complicado, se avistaba con el retorno de los desplazados a sus tierras, la restitución y, en esa misma ruta, la tenencia de la tierra. Macroeconómicamente dicho, una ley de desarrollo rural.

Una tarea que debía liderar el ministro de Agricultura. Pero la realidad es que en lo que va corrido del gobierno Santos han pasado tres por ese cargo: Juan Camilo Restrepo, Francisco Estupiñán y Rubén Darío Lizarralde.

A Restrepo terminó sacándolo la crisis cafetera, atenuada solamente con millonarios subsidios y que movilizó a cacaoteros, arroceros y paperos. Estupiñán sólo duró dos meses en el cargo y tras él llegó Lizarralde. Los críticos lo acusaban de llegar a esa posición para favorecer a los palmeros, pues era desde 1994 el presidente de Indupalma.

La discusión de baldíos y su acumulación por parte de empresario entró al debate. Santos, despejando el tema, dijo: “El país tiene que establecer reglas claras para que campesinos y empresarios puedan convivir y aprovechar ese enorme potencial que tenemos. Hay que concentrarnos más en la productividad que en la propiedad”.

Hoy, a dos meses largos de que comience el nuevo gobierno, en medio de un proceso de paz con las Farc, la deuda con el campo sigue viva. Ana María Ibáñez, decana de Economía de la universidad de los Andes, en el texto ‘Un acuerdo sobre lo fundamental’, recordó que “sólo un 41,6% de la población rural tiene algún tipo de acceso a la tierra.

La distribución de la tierra es, además, sumamente desigual”. Y, acto seguido, sentenció: “El acceso a la tierra sin protección de los derechos de propiedad sería una reforma incompleta”, comentando el acuerdo entre guerrilla y gobierno en La Habana.

Mientras tanto, Lizarralde le reconoció a El Espectador que “los subsidios no funcionan” y, en medio del inconformismo campesino, hizo una análisis simple: “Si se preguntan cómo está el campo colombiano, está mal. Nadie va a decir que está bien. En este gobierno el agro ha recibido ayudas por más de $7 billones y créditos por más de $13 billones. Esto suma $20 billones. El presupuesto ha crecido. ¿Qué hubiera pasado si la plata no se hubiera ido para allá? Estamos en una condición en la que hay que seguir trabajando”.

Ahora, en la recta final, la carta por jugar y que llevará a buen puerto es el censo agrario, que por fin comenzó. Ese será uno de los insumos fundamentales para que el Estado, después de tantos intentos fallidos, establezca una política clara y efectiva que se convierta en una hoja de ruta para el tan necesitado desarrollo rural colombiano.