La Habana. Los embalses en Cuba se ecuentran hoy a poco más de la mitad de su capacidad debido al periodo de lluvias que comenzó en mayo pasado, informó el estatal Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).

Al cierre de mayo, los 242 embalses administrados por el INRH almacenaban 4.944 millones de metros cúbicos de agua, cifra correspondiente al 54% de la capacidad.

De acuerdo con el especialista Omar Fernández, de la Dirección de Uso Racional del Agua del INRH, esas cifras constituyen un incremento por encima de los 110 millones de metros cúbicos, frente a lo que acopiaban en abril pasado, y supera el promedio histórico para la fecha en unos 62 millones de metros cúbicos.

Fernández señaló que las lluvias del quinto mes del año tuvieron, de manera general, un comportamiento favorable, al registrarse un acumulado nacional de 174,5 milímetros, equivalente a 102% del promedio histórico mensual.

Las provincias de La Habana, en el oeste; Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Avila, en el centro; y Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, en el este, superaron sus respectivos valores promedio para mayo.

Casi igualaron los valores promedio de precipitaciones las provincias de Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, en el oeste, y Camagüey, en el centro.

Los problemas con el líquido, que en la isla muchos derrochan con indolencia, obligaron al gobierno a preparar la Ley del Agua, legislación que busca regular el uso adecuado de los recursos hídricos de la isla.

En febrero último el director de Organización, Planificación e Información del INRH, Bladimir Matos, anunció que se alista la Ley del Agua que "regulará el uso equitativo y el derecho común a ese recurso, el pago de su uso, así como la necesidad de lograr una cultura de ahorro en los usuarios".

La legislación reforzará la prioridad que dan las autoridades al uso racional y productivo del agua disponible, a la utilización eficiente de la infraestructura construida, a la administración de riesgos en función de la calidad del líquido potable y de otros peligros asociados a eventos extremos del clima.

Matos señaló que fomentar el empleo racional del agua en función del desarrollo socioeconómico del país significa asegurar la gestión integrada de esta por cuencas hidrográficas con vistas a su disponibilidad, protección y a la reducción de inundaciones, así como promover e introducir tecnologías y conocimientos para un uso eficaz del agua.

El agua es un recurso natural renovable, pero finito, limitado y frágil, y las autoridades aseguran que aún existen incomprensiones e insuficiente reconocimiento sobre su carácter de indicador económico, tanto global como ramal.

La isla cuenta con una infraestructura hidráulica que incluye unas 240 presas, decenas de micropresas, cerca de 2.420 acueductos, más de 22.000 kilómetros de redes, casi 70 plantas potabilizadoras y 5.316 kilómetros de alcantarillado, entre otras facilidades a las cuales se suman derivadoras, canales magistrales, estaciones de bombeo y diques.

Cuba posee una capacidad máxima de recursos hidráulicos disponibles de alrededor de 13.600 millones de metros cúbicos, al considerar las aguas superficiales y las subterráneas, volúmenes que superan las demandas actuales de la economía, la sociedad y la protección del medio ambiente.

El gobierno ejecuta ahora diversos programas para hacer un uso adecuado y racional del agua mediante la utilización eficiente de esas instalaciones y una conciencia de ahorro en la población y las empresas, al tomar en cuenta la baja disponibilidad de ese recurso.

También desarrolla proyectos dirigidos a enfrentar los problemas de la sequía, las inundaciones por intensas lluvias, así como a elevar la calidad del vital líquido y su distribución, además de reducir las pérdidas.

Otra prioridad en ejecución es el metraje del consumo hidráulico para los centros estatales y el sector residencial, y se trabaja en la reparación o sustitución de estaciones de bombeo, el sistema de saneamiento y en un programa destinado a la producción de herrajes hidrosanitarios, con énfasis en la calidad y el estudio de precios asequibles.

El gobierno aplica una Política Nacional del Agua que abarca desde las fuentes de abastecimiento hasta la que llegada del recurso a cada usuario.

Esta política se fundamenta en el uso racional y productivo de las cantidades disponibles, la explotación eficiente de la infraestructura construida, la gestión asociada a la calidad del líquido y los riesgos vinculados a eventos climáticos extremos.