Londres/La Paz. La empresa británica Rurelec dijo este jueves que inició un proceso de arbitraje contra el gobierno de Bolivia por la nacionalización de sus activos en ese país, aunque se mostró confiada en lograr un acuerdo.

"Hemos iniciado el proceso formal de arbitraje para reducir los plazos generales, en caso de que se requiera un acuerdo supervisado internacionalmente", dijo el director gerente de Rurelec, Peter Earl, en un comunicado.

Sin embargo, el director general de Defensa Jurisdiccional y Arbitraje del ministerio de Defensa Legal del Estado de Bolivia, Danny Lopez, dijo a Reuters que "hasta el momento no tenemos ninguna información oficial de que se dé inicio a ningún procedimiento".

De todos modos, Earl se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con el gobierno boliviano sobre la indemnización que debería recibir Rurelec antes de los seis meses de plazo para que comience el arbitraje.

El presidente boliviano, Evo Morales, nacionalizó a comienzos de mes Guaracachi, la generadora de electricidad más grande del país, en la que Rurelec PLC tenía la mitad del paquete accionario.

La decisión formó parte de un plan más amplio para tomar el control de la capacidad de generación de electricidad del país andino.

La firma británica dijo que tiene derecho a recibir el valor de mercado de su inversión en Guaracachi, que posee activos valorados en US$70,5 millones.

Pero, la semana previa, la ministra de Planificación, Viviana Caro, había dicho que un estudio de las acciones de las cuatro firmas estatizadas establecía un precio de US$50 millones en total.

Además de Guaracachi, el 1 de mayo fueron estatizadas Corani, controlada en un 50% por la francesa GDF Suez y la local Valle Hermoso, del holding empresarial boliviano Panamerican Investments.

También pasó al Estado la distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), propiedad de un grupo de trabajadores y ejecutivos bolivianos.

Desde su asunción del poder en el 2006, Morales ha revertido para el Estado empresas de hidrocarburos, minería y telecomunicaciones.

Demandas superan más de US$1.000 millones. Bolivia enfrenta al menos cuatro demandas ante tribunales internacionales por la nacionalización de firmas extranjeras y el monto demandado alcanza los US$1.133 millones.

La más reciente data de abril, cuando la petrolera Pan American Energy, asociada con la británica BP Plc. demandó a Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por la nacionalización en el 2009 de su subsidiaria.

Sin embargo, el Gobierno protestó la medida dado que Bolivia se retiró del CIADI en el 2007.

En enero pasado, las firmas Oiltanking de Alemania y Graña y Montero de Perú demandaron a Bolivia ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB).

Previa a esa presetación, las firmas adelantaron que Bolivia debería pagar US$40 millones .

En el 2007 la telefónica italiana Euro Telecom International (ETI) demandó a Bolivia ante el CIADI por la nacionalización en el 2006 de su paquete accionario en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

En noviembre del año pasado, el CIADI dio por concluído sin dictamen el proceso; pero la firma interpuso un nuevo arbitraje internacional, esta vez ante un comité ad hoc de Naciones Unidas.

El holding europeo pidió una compensación de US$934 millones más el pago de un "interés compuesto" del 10% aplicado sobre el monto de compensación que se establezca en el laudo arbitral.

En el 2006, la firma chilena Quiborax demandó a Bolivia por US$66 millones por la anulación dos años antes de una concesión minera en el Salar de Uyuni, el depósito de litio más grande del mundo.