Una demanda por 30 millones de lempiras (US$1.559.760) contra el Estado de Honduras fue interpuesta por el empresario de origen costarricense, Federico Álvarez, argumentando que sufrió daños y perjuicios al habérsele negado la nacionalidad hondureña por el gobierno de Porfirio Lobo.

“(Federico Álvarez) pretende que el pueblo hondureño lo indemnice con 30 millones de lempiras”, criticó este miércoles el ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid, a quien los adversarios del gobierno nacionalista señalan como responsable de haber actuado contra el empresario, quien en su tiempo fungió como presidente del Banco Centroamericano de integración Económica (BCIE).

En noviembre de 2010, las autoridades decidieron dejar sin efecto la solicitud de Álvarez, que pretendía ser nacionalizado por naturalización, tras 40 años de residir en Honduras.

El titular del Interior, Áfrico Madrid, dijo entonces que la medida obedecía a "inconsistencias" encontradas en los trámites que el empresario realizó para obtener la nacionalidad hondureña.

Hoy, el funcionario lamentó que el afectado interpusiera la demanda, pues “si pega”, se le indemnizará, según él, con dinero que bien podría destinarse a escuelas, hospitales o asilos de ancianos.

Madrid recordó que Álvarez “nunca obtuvo la nacionalidad hondureña por naturalización”, pues no finalizó sus trámites.

“Dejó de presentar documentos vitales como la partida de nacimiento autenticada, tampoco acreditó estar al día con el pago de sus impuestos ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y el pago del impuesto municipal”, refirió.

La acción del gobierno fue considerada una muestra de la intolerancia del gobierno ante la postura crítica del empresario.

Esta es la tercera demanda contra el Estado hondureño que se hace pública en el transcurso de este año.

En febrero, el excanciller Milton Jiménez reclamó 6.5 millones de lempiras (US$337.948) por los salarios que dejó de percibir como presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) tras la crisis política de junio de 2009.

En mayo, un estudiante universitario pidió una indemnización de 15 millones de lempiras (US$779.881) por el caso que se le siguió como sospechoso de la masacre de Chamelecón, en diciembre de 2004.