La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) respalda la posición del Gobierno de mantener la cláusula anticorrupción en el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), porque de eliminarse estaría abierto a cosas irregulares, señaló hoy el presidente del gremio, Carlos Gálvez.

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, señaló hace nos días que no se hará otro contrato para la construcción del Gasoducto Sur Peruano y que el Gobierno insistirá en la cláusula anticorrupción que se contempla en el actual acuerdo.

“En el tema del Gasoducto del Sur hay una cláusula anticorrupción que está en todas las concesiones del mundo, y nosotros como Gobierno insistimos en esa cláusula, por eso ha habido algunos comentarios que de repente se hace otro contrato. No va a haber otro contrato”, afirmó.

Cabe indicar que el cambio de la cláusula anticorrupción del contrato del Gasoducto Sur Peruano (que busca la masificación del gas natural en el sur del país) era clave para cerrar la compra de acciones y el financiamiento del proyecto que asciende a US$7.500 millones.

Según publicaron medios nacionales, la solicitud fue hecha por el nuevo consorcio Sempra-Techint que comprará el 55% de las acciones de la empresa brasileña Odebrecht en el consorcio.

Aporte mineroenergético. De otro lado, Gálvez sostuvo que las actividades productivas del sector mineroenergético continúan constituyéndose como uno de los principales aportantes al crecimiento económico del Perú.

“Pero somos conscientes que aún hay mucho por hacer para afianzar el desarrollo sostenido del país y lograr cerrar las brechas de desigualdad social”, señaló.

En ese contexto, dijo que es necesario que el Perú siga siendo un país confiable para los inversionistas y ello, se logra con un marco legal que garantice seguridad jurídica.

Manifestó que el aporte del sector mineroenergético al desarrollo nacional es indiscutible, pero existen algunos grupos minoritarios que responden a intereses particulares e ideológicos que están empeñados en ensombrecer nuestro trabajo y ahuyentar las inversiones con acciones violentas.

Convenios de estabilidad. El presidente de la SNMPE anotó que también se requiere mejorar la competitividad del país e impulsar el fortalecimiento de su economía, así como afianzar la gobernabilidad y la paz social, pues son factores claves que se toman en cuenta para toda inversión.

“Es fundamental que el Perú cuente con una política tributaria clara y precisa, que no deje espacios para interpretaciones antojadizas, a fin que le brinde a los inversionistas la confianza de que las reglas de juego no serán modificadas”, subrayó.

Asimismo, manifestó que los contratos de estabilidad tributaria y convenios de estabilidad jurídica, se forjaron como una importante herramienta que garantiza a los inversionistas que el Estado no cambiará las reglas de juego, lo que permitió que el Perú se convirtiera en una de las naciones más atractivas para la inversión privada en América Latina.

Los convenios de estabilidad jurídica y contratos de estabilidad tributaria, precisó, no significan la exoneración de pagos de impuestos, ni la obtención de beneficios tributarios, como la reducción y/o eliminación de tasas impositivas.

“Estos convenios serán necesarios mientras persistan iniciativas políticas y no técnicas que pretendan alterar la estabilidad jurídica que ofrece el país”, puntualizó.

Inversiones a largo plazo. Las inversiones en el sector mineroenergético son a largo plazo, razón por la cual los convenios de estabilidad jurídica y contratos de estabilidad tributaria han dado la confianza, soporte y garantías para que los inversionistas apuesten por estas actividades productivas, comentó Gálvez. 

Estas declaraciones las brindó al inaugurar la Décimo Sexta edición del Simposium de Tributación Mineroenergética que organizó el Comité de Asuntos Tributarios de  la SNMPE, con el objeto analizar  temas referidos al impacto que tendrán en el sector minero las nuevas medidas tributarias, derechos del contribuyente versus facultades de la administración, conceptos controversiales en la deducción de gastos y la problemática con relación al aporte por regulación.