El presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (Andi), Adolfo Facussé, anuncio que dos de las tres empresas mineras que operan en Honduras pueden irse del país.

Una de las razones por las que pueden abandonar el país es la reciente aprobación de una tasa que le significará pagar 500 millones de lempiras de sus ingresos para financiar el combate a la delincuencia.

La imposición de una tasa de seguridad estaría ahuyentando mineras interesadas en invertir en Honduras 6,000 millones de dólares.

Una de las últimas empresas en dejar de explotar los yacimientos mineros que se ubican en Honduras fue EntreMares.

Según el presidente de la Comisión de Minería del Congreso Nacional, Donaldo Reyes Avelar, las compañías mineras han dejado de apoyar a algunas comunidades con la ejecución de proyectos, porque ahora tienen que tributar para la tasa de seguridad.

El Congreso Nacional aprobó a finales de junio del presente año la Ley de Seguridad Poblacional y la de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público. Con ambas normativas el Legislativo propugna captar 1,500 millones de lempiras anuales durante los próximos cinco años.

La medida mantiene enfrentados al gobierno y al sector privado, que avizora un fuerte impacto en la microempresa y acordó en un encuentro de la cúpula en San Pedro Sula impugnar la ley "por violentar normas constitucionales".