Poco más de un mes faltaría para que el Gobierno Nacional intentara nuevamente llevar a cabo la subasta con la cual se concretaría el proceso de enajenación de la participación del Estado en Isagén, la generadora de energía más importante del país, con siete centrales en Antioquia, Tolima, Santander y Caldas, y una capacidad instalada de 3.032 megavatios, cerca del 17% de la demanda del país.

Luego de un pulso en el Consejo de Estado, que terminó por darle la razón al Ejecutivo y levantar las medidas cautelares que habían obligado a suspender el proceso, el Ministerio de Hacienda pidió una nueva valoración del 57,61%, que le pertenece a la Nación, teniendo en cuenta variaciones como el precio del dólar.

Mientras tanto, los opositores de que se lleve a cabo esta operación preparan iniciativas con la intención de frenarla. Ayer, 39 senadores de diversas colectividades, como el Centro Democrático, el Polo Democrático, el Partido Liberal y el Partido Verde, radicaron el proyecto de Ley Isagén. A pesar de las pocas probabilidades de que éste se apruebe o por lo menos se sancione de tal forma que pudiera hacerles contrapeso a las intenciones del Ejecutivo, lo cierto es que demuestra la indignación del Legislativo frente al tema.

“Isagén produjo más de $400 mil millones en utilidades el año pasado y es una de las estatales con mayor rendimiento, por eso Colombia debe mantener esta empresa. No se puede arriesgar la soberanía energética, la energía es lo que garantiza que los países puedan avanzar. La generadora le sirve al país para hacer cosas que el sector privado no haría, se vuelve una herramienta para la retoma de territorios e inversiones en zonas apartadas”, puntualizó la senadora Paloma Valencia.

Según explicó Sofía Gaviria, codirectora del Partido Liberal, este proyecto de ley tiene dos fines: el primero es que el Ejecutivo tendrá que presentar un estudio técnico, que contemple estados financieros, impacto ambiental, entre otros, antes de iniciar el proceso de enajenación, que también necesitará la aprobación del Congreso para poder llevarse a cabo.

El aumento de las tarifas del servicio de energía, recientemente anunciada por el Gobierno, y las consideradas por expertos y políticos como irregularidades del sistema eléctrico, llevaron a que los legisladores propusieran un límite de participación del sector privado de generación de energía del 30%, límite que no será aplicable a las empresas oficiales ni públicas, así como tampoco a las mixtas cuyo capital mayoritario fuese público.

Entre tanto, esta no es la única forma de que quienes riñen con la idea de que Isagén pase a manos de empresas privadas. El Comité por la Defensa de Isagén presentará la próxima semana una nueva demanda contra la venta de esta empresa. Según explicaron fuentes cercanas al caso, se tendrán en cuenta temas que el Consejo de Estado descartó el 12 de septiembre cuando consideró la legalidad del proceso que desarrollaba el Gobierno. Entre ellos, que, según establece la ley, cuando haya privatización de un activo público los recursos deben ir al presupuesto de la entidad enajenante, lo que el Ministerio de Hacienda no habría garantizado.

De acuerdo con Mario Alejandro Valencia, subdirector del Centro de Estudios de Trabajo, se han propuesto 22 formas para que no sea necesaria la venta de Isagén. “Se puede recurrir a deuda e incluso la generadora puede servir como garante de créditos con los que se pueden financiar las vías 4G. En este momento Isagén funciona como un regulador natural de las tarifas de energía”.

Actualmente los interesados en la firma son Colbún, chilena, que en los últimos tres años ha visto reducir sus ingresos operacionales de US$1.696 millones a US$1.343 millones al tercer trimestre de 2015 y una ganancia que se redujo de US$80 millones en 2014 a US$71 millones en lo corrido de este año.

Le sigue Brookfield, un fondo de inversiones que, dijo Valencia, ha invertido principalmente en infraestructura, pero en Colombia, a pesar de ser promocionado como el sector estrella, prefirieron apostarle a la generación de energía. El otro oferente es GDF Suez, la empresa del sector eléctrico y gas más importante de Francia y con composición mixta.

Oficialmente, el Ministerio de Hacienda no ha dicho cuándo se llevará a cabo la subasta. Lo único cierto es que la venta de Isagén para el Gobierno sigue adelante, a menos de que una nueva demanda lo impida.