Lima. Enagás solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el inicio de un arbitraje contra el estado peruano para recuperar los US$511 millones que invirtió en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Según declaró la compañía española de distribución de gas a El Comercio, el monto solicitado en la demanda corresponde únicamente a la inversión en el proyecto y no a lucro o intereses.

La decisión de Enagas se da luego de seis meses de trato directo con el Estado sin que se haya logrado ningún acuerdo, informaron en un comunicado en el que proyecta que la recuperación de la inversión se haría en un plazo de tres años.

La controversia, según explica Enagás, radica en la disconformidad de la Administración peruana para reconocer la vigencia de la cláusula 20 del contrato de concesión de GSP, en virtud del cual la española tendría derecho a recuperar la inversión hecha en el proyecto.

La controversia radica en la disconformidad del Estado para reconocer la vigencia de la cláusula 20 del contrato de concesión de GSP, en virtud del cual la española tendría derecho a recuperar la inversión hecha en el proyecto.

Pese al inicio del arbitraje, la empresa no descarta que se pueda alcanzar un acuerdo con el Estado que poga término a la demanda.

El GSP es un megaproyecto peruano en el que la compañía española era socia de la brasileña Odebrecht y la constructora Graña y Montero, y que fue paralizada en enero de 2017 por no contar con el financiamient para la culminación de la obra.

En junio de este año, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, afirmó que a finales del 2018 el Ejecutivo tendrá lista una nueva hoja de ruta para el desarrollo del GSP. El referido documento determinará si el gasoducto mantiene el diseño y trazo actual, o si lo modificará de forma significativa para hacerlo más viable.