El planteamiento consiste en solicitar a la autoridad que se empiece desde enero del próximo año a pagar los aranceles y ejecutar la obtención de licencias para importar piezas y ensamblar vehículos en el país, y no desde el 1 y el 16 de septiembre.
Quito. Con una propuesta concreta para el gobierno, los representantes del sector automotor se preparaban la tarde de ayer para asistir a una reunión en la que se analizarían las posibles consecuencias de una aplicación inmediata del pago de los nuevos aranceles.
El planteamiento consiste en solicitar a la autoridad que se empiece desde enero del próximo año a pagar los aranceles y ejecutar la obtención de licencias para importar piezas y ensamblar vehículos en el país, y no desde el 1 y el 16 de septiembre, tal como establecen las resoluciones Nº 18 y 24.
La primera resolución emitida por el Comité de Comercio Exterior (Comexi), y vigente desde el jueves anterior, establece que en el caso de los automóviles el arancel oscila entre el 10% y el 18% y en las camionetas entre el 5% y el 9%. El pago debe efectuarse desde el 1 de septiembre, excepto aquellas mercancías que sean embarcadas entre el 26 de agosto y el viernes próximo.
En esos casos, el importador solo deberá acreditar el registro obtenido hasta el 25 de agosto pasado.
Si la propuesta del sector automotor no es aceptada y el gobierno se mantiene firme en esa decisión, las ensambladoras corren el riesgo de tomar medidas que pueden afectar a trabajadores, debido a que no cuentan con el dinero extra (no fue presupuestado al inicio del año) para pagar al gobierno.
Maresa advirtió a los proveedores de sus productos que “por ellos cierran la ensambladora e importan directamente camionetas”, comentó una fuente del sector implicado que pidió la reserva.
En tanto que OBB estudia despedir al 20% de su personal (la compañía cuenta con unas dos mil personas dedicadas al ensamblaje) y Aymesa aplicará la misma dosis que Maresa: importar los vehículos ya ensamblados directamente, con el impacto que eso implica al consumidor final.
El arancel resulta más alto, pero se ahorra en mano de obra, es decir, no se generará el empleo al momento de ensamblar ni producción interna, se señala.
Según empresarios consultados, solo para ejemplificar la afectación, adquirir un vehículo que se importa por partes es más conveniente, porque un Aveo (Chevrolet) cuesta unos US$12.000 y un auto Kia que es importado completamente –no ensamblado en el país– alcanza los us$14.000.
Con el alza de los aranceles, el carro ensamblado en el país costará unos US$500 o US$600 más y el otro no se modificará.
La resolución establece que para obtener las licencias de importación se deberá presentar una solicitud dirigida al Ministerio de la Producción, más los siguientes documentos: copia de cédula de ciudadanía, certificado de votación o pasaporte en caso de las personas extranjeras.
Además, el Registro Único de Contribuyentes (RUC), el certificado de cumplimiento de tributos emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI), el de aportes al día en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el de representación legal o distribuidor autorizado de la marca en el país.
Importaciones. Según la resolución son 18 las subpartidas gravadas con nuevos aranceles.
Compras al exterior. Hasta junio de este año se importaron US$229,61 millones en CKD, en el 2010, fueron US$214,58 millones.
