La adolescente Xochitl Martínez bajó 16 kilogramos de peso en 11 meses. La diabetes mató a su padre cuando ella tenía 13 años. La decisión de cuidar su salud la tomó cuando los médicos le anunciaron que estaba muy cerca de sufrir la misma enfermedad que su padre. “Yo no quería vivir como mi papá: inyectándose insulina y haciendo filas en los hospitales”, comenta Xochitl. Ya renunció a las dos bolsas de Sabritas y a las tres Coca-Colas que consumía todos los días. Ahora, explica orgullosa cómo es el vestido que lucirá en su fiesta de 15.

Hoy la diabetes mellitus tipo 2 es considerada oficialmente como una emergencia sanitaria en México. Según informes de varias secretarías de gobierno, “podría comprometer nuestra viabilidad como nación”. Los grandes cambios en los hábitos nutricionales de las últimas décadas y una predisposición genética de muchos mexicanos ocasionaron esta pandemia que mata a 10 veces más personas al año que la narcoviolencia.

En septiembre de 2013, el gobierno de Peña Nieto publicó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. La iniciativa ha logrado grandes cambios en las regulaciones e imposiciones a la industria alimentaria, y es el pilar para algunas campañas educativas en contra de la enfermedad. Pero la presión de la industria, a través del cabildeo o lobby, y según muchos, del contubernio con algunas autoridades, ha reducido la contundencia de dicha estrategia.

“En México se ha producido la peor epidemia de obesidad y diabetes en la historia de la humanidad, tanto por el acelerado crecimiento, como por el daño a la salud de la población y la incapacidad para prever y atender sus consecuencias”, dice Abelardo Ávila Curie, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Hoy se necesita mucho más que la fuerza de voluntad de Xochitl para atacar un problema que está masacrando a México.

Asesino silencioso. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2012, la diabetes mellitus 2 afecta al 9,2% de los adultos en México. Esto quiere decir que hay más de 11 millones de diabéticos que el sistema de salud debe atender. Sin duda, la sustentabilidad del sistema está amenazada.

Para Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, la falta de criterios científicos es sólo una de las ventajas que ofrece el Estado a las industrias alimentarias.

A pesar de que ha habido un progreso importante en la atención a este padecimiento, con un incremento en el porcentaje de pacientes con control adecuado de 5,3% en 2006 a 24,5% en 2012, la diabetes es, desde comienzos de este siglo, la primera causa de muerte en el país, según la base de datos de la Secretaría de Salud. Una de cada siete muertes se debe a esta enfermedad y a las complicaciones que trae.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ubica a México en el primer lugar entre los países miembros en la prevalencia de diabetes en la población de entre 20 y 79 años, y el sexto lugar en el mundo. El 14 % de los adultos mexicanos padecen la enfermedad, y el problema empieza a afectar a la niñez. Según la Asociación Mexicana de Diabetes, nueve de cada 10 casos se pueden atribuir al sobrepeso y a la obesidad.

Engorda el Estado. Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se desarrolló el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, enfocado casi totalmente en salud pública y la atención médica y muy poco, o casi nada, en la regulación de la industria alimentaria. La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, publicada en septiembre de 2013, presenta grandes cambios con respecto a ese documento. Aunque está fundamentada sobre los dos pilares anteriores: salud pública y atención médica, trata de sentar ciertas bases para regular la industria alimentaria. A diferencia del sexenio anterior, se puede hablar de algunos resultados tangibles.

La regulación comprende tres puntos básicos: política fiscal, etiquetado de los alimentos y publicidad. La primera es sin duda la de mayor importancia, ya que ha traído algunos cambios positivos. Dentro de la reforma fiscal promulgada el 11 de diciembre de 2013 se gravó un impuesto especial del 10% al consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, tales como los refrescos, golosinas y frituras. Las ventas de las bebidas azucaradas bajaron un 10% desde entonces. Mala noticia para la industria alimentaria.

En cuanto al etiquetado y publicidad para alimentos y bebidas, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección Contra riesgos sanitarios (Cofepris) publicó en abril unas nuevas reglas. Alejandro Calvillo, director general de El Poder del Consumidor, una de las 26 organizaciones que conforman la Alianza por la Salud Alimentaria, celebra con moderación la nueva imposición fiscal a los alimentos con alto contenido calórico y no le cree al resto de las regulaciones que “fueron elaboradas bajo criterios de la misma industria”. En cuanto a la publicidad, se disminuyó la cantidad de anuncios de comida chatarra que ve un niño al día. Estas horas, de acuerdo a la nueva regulación, se reducirían, por lo menos, a la mitad. Sin embargo, Adriana Labardini, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), señala que, a pesar de la regulación, muchos decidieron no cumplirla. La funcionaria dice que hay una grave omisión legislativa que dificulta la posibilidad de sancionar a quienes no cumplan con la regulación.

La industria alimentaria, sin embargo, no se quedó quieta y está utilizando nuevos espacios para llegar a la infancia. "Internet, los espacios abiertos, las promociones, los patrocinios, el diseño de los empaques, así como herramientas muy efectivas para enganchar a los niños, como lo son juguetes y el uso de personajes populares”, explica Katia García, investigadora en salud alimentaria.

Para Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, la falta de criterios científicos es sólo una de las ventajas que ofrece el Estado a las industrias alimentarias. “Exención de impuestos por consolidación fiscal en los minisupers como Oxxo. Exención a fundaciones que promueven, entre comillas, la buena nutrición, pero son promotoras de la misma marca.” Ávila se refiere organizaciones como la Federación Mexicana de Diabetes, que es financiada por Coca-Cola.

Sería falso decir que el gobierno de Peña Nieto no ha abordado el problema de una manera distinta después de los seis años en blanco de Calderón. Además de las regulaciones, otras iniciativas, como la obligación de las escuelas públicas de instalar bebederos, seguramente darán buenos resultados en unos años, así como algunas campañas educativas y otros esfuerzos para combatir el sedentarismo. El problema, sin embargo, es más grave y sólo se abordó hasta que el Estado empezó a sentirse rebasado por la epidemia. “Es el Estado el que no ha cumplido con sus obligaciones. La obligación del bienestar de sus ciudadanos. El gobierno no ha generado una estrategia, sino que ha reglamentado normatividades. Debe regular con criterios de salud pública a la industria alimentaria y orientarla a que ofrezca productos saludables”, explica Abelardo Ávila.