La foto reunía todos los elementos para una buena trifulca política. Cuba, los hermanos Castro, una presidenta de centroizquierda, millones de dólares de financiamiento público, una gran constructora brasileña. La presencia de Dilma Rousseff en la inauguración del puerto de Mariel, construido por Odebrecht y financiado por el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES, por sus siglas en portugués), despertó más de un fantasma de los años 70.

Pero esta politización del proyecto cubano oculta un fenómeno mucho más profundo y que ha sido celebrado por los representantes del empresariado brasileño, como la Federación de Industrias de São Paulo (Fiesp), por miembros de la academia e incluso por medios de prensa críticos con el gobierno de Rousseff. Se trata de la participación de constructoras brasileñas en grandes obras de infraestructura en América Latina y el Caribe, con las debidas repercusiones en toda la cadena productiva del sector. En los últimos cinco años los desembolsos del BNDES a proyectos en obra en la región se duplicó de US$ 726 millones a US$ 1.400 millones. A nivel acumulado entre 2009 y 2013, el principal destino de estos recursos ha sido Argentina, con US$ 2.128 millones, seguido de Venezuela, Cuba, República Dominicana y Perú. 

Club de los grandes. Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS y Queiroz Galvão operan activamente en la región hace más de 30 años. La mayoría, sin embargo, bajó la guardia. “Percibimos una reactivación hace cinco años, incluso en empresas que ya no tienen el mismo peso que en el pasado”, dice Sherban Leonardo Cretoiu, profesor del Núcleo de Negocios de la Fundación Dom Cabral (FDC).

OAS, por ejemplo, acaba de ganar la licitación para construir un puente de 2,6 kilómetros sobre el canal de Chacao, en Chile. La obra tiene un presupuesto de US$ 600 millones y la empresa participa junto con la coreana Hyundai, la francesa Systra y la noruega Aas-Jakobsen. Recientemente perdió un contrato para construir una carretera en Bolivia, pero está renegociando otro megaproyecto en Perú, la represa de Inanbari, suspendido en 2011 y con un presupuesto estimado de US$ 4.000 millones. La lista de otras constructoras con proyectos en la región es larga: Camargo Corrêa está construyendo la mayor hidroeléctrica de Venezuela; Queiroz Galvão tiene un proyecto conjunto con Eletrobras para construir la hidroeléctrica Tumarín, en Nicaragua (con un presupuesto por US$ 1.100 millones), mientras que Andrade Gutierrez tiene proyectos importantes en Perú y Venezuela. 

La más grande de todas las empresas del sector, Odebrecht, tiene una carpeta de proyectos estimada en más de US$ 8.100 millones, en sectores que van de la petroquímica, la agricultura y la energía a la infraestructura propiamente tal. Para ello creó una empresa, Odebrecht Latininvest, encargada de centralizar las operaciones multilatinas.

En el otro extremo está Galvão, una de las más jóvenes en estas lides regionales, en comparación con los gigantes históricos como Odebrecht. Su primer contrato data recién de 2010. “En estos momentos estamos trabajando en nuestro plan estratégico”, afirma Namur. “Pero el consejo de administración ya decidió consolidar nuestras operaciones en Perú”.

Actualmente el proyecto más importante tiene un presupuesto de unos US$ 100 millones y debiera terminarse este año. La idea es buscar oportunidades en segmentos como aguas y saneamiento, carreteras y aeropuertos. 

Entre los factores citados para explicar esta expansión está la acción diplomática del gobierno brasileño, como el apoyo financiero del BNDES. Cretoiu destaca también el crecimiento económico “incluso en países con regímenes hostiles a la iniciativa privada”.

Está también el reconocimiento de la ingeniería brasileña, según afirma Moacir de Miranda Oliveira Junior, profesor de FEA/USP, un prestigio ganado en la época de las grandes obras de infraestructura de “los años del milagro”, cuando obras como la represa de Itaipú o el puente Rio-Niterói convocaron la admiración mundial.

Pero sobre todo está el impulso de las propias constructoras para abrir nuevos mercados y diversificar el riesgo de sus operaciones, aprovechando las oportunidades que se abren en la región, según afirma Carlos Fernando Namur, superintendente de infraestructura internacional de Galvão Engenharia.

Mayor competencia. Uno de los principales obstáculos a la expansión regional es la creciente competencia de otros actores de escala mundial. Según Namur, de Galvão, aumentó mucho desde 2008, “especialmente de parte de constructoras españolas e italianas, pero también chinas”.

Según un catastro de la ONG International Rivers, hace 14 años China sólo tenía un par de proyectos en la región, en la pequeña Belice. Hoy son 21. En Ecuador, por ejemplo, Sinohydro opera la mayor obra hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair, de 1.500 MW. En Costa Rica esta misma empresa opera el proyecto Reventazón. Y China tiene también su propio BNDES, el Exim Bank.

“China y España ofrecen financiamiento con tasa cero”, afirma Namur. “Nosotros tenemos que ganar en la ingeniería”.

Existen otras barreras domésticas, como el prejuicio aún imperante en círculos políticos de que “exportar servicios es exportar empleos”, recuerda Oliveira Junior, de FEA/USP. “Pero lo que estamos haciendo es generar empleos en la cadena productiva del sector vendiendo software, equipos y otros productos”.

Estos prejuicios ya tienen eco en el ciclo electoral, con precandidatos a la presidencia de la República cuestionando no tanto el involucramiento de las constructoras, pero particularmente de BNDES como proveedor de financiamiento a grandes proyectos de infraestructura en países como Cuba o Venezuela. Curiosamente este tipo de cuestionamientos no proviene necesariamente de políticos o partidos de derecha. Marina Silva, la candidata ecologista que obtuvo un 19% de los sufragios en las últimas elecciones presidenciales, es de quienes proponen un distanciamiento de Cuba. 

Mariel, el puerto cubano cuya construcción encabeza Odebrecht, contiene todos los elementos para herir este tipo de susceptibilidades. Se trata de una de las piezas centrales del programa de reinserción internacional del régimen de Raúl Castro. De hecho, una vez terminado será el primer puerto moderno del país y eje de la Zona Especial de Desarrollo, donde se podrán instalar empresas extranjeras en un régimen al que dio inicio la industrialización china hace treinta años (con participación mayoritaria del Estado). Odebrecht ganó el contrato, por casi US$ 1.000 millones, junto a otras 400 empresas brasileñas. La participación de BNDES en el financiamiento fue de un 70%. Tal vez sirva para aplacar las aprensiones nacionalistas el hecho de que estos recursos fueron entregados en reales y en ningún momento salieron de Brasil. ¿Patria o muerte?