Madrid. La huelga de 24 horas de los controladores aéreos españoles costó cientos de millones de euros al sector turístico y al del transporte aéreo, pero el impacto político para un gobierno que ya es muy impopular podría ser aún mayor.

La huelga ilegal de controladores que comenzó la tarde de este viernes paralizó aeropuertos y dejó varadas a cientos de miles de personas, luego de que el gobierno socialista aprobó un nuevo decreto en el que regulaba sus horas de trabajo y acordó la privatización parcial de la autoridad aeroportuaria, AENA.

Las autoridades aún no han informado el número exacto de pasajeros que no pudo viajar.

No hay cifras oficiales sobre el costo del paro, pero según periódicos éste podría llegar a los 350 millones de euros para el sector turístico, mientras que para las aerolíneas, a unos 100 millones de euros (US$134 millones).

"Es demasiado pronto para poner una cifra al coste", dijo este domingo un portavoz de AENA.

España es el centro de atención de inversores desde que Irlanda debió aceptar el mes pasado un plan de ayuda de 85.000 millones de euros, provocando temor de que su posición también sea precaria, algo que el Ejecutivo español niega mientras camina por la delgada línea que separa a tranquilizar a los mercados sin causar una negativa reacción pública.

El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró el primer Estado de alarma de la era post-franquista para acabar con la protesta. Pero la militarización de las torres de control será una vergüenza para Zapatero de cara al exterior, en plena crisis económica.

Los mercados internacionales se asustan fácilmente ante cualquier incertidumbre y preferirían ver una reacción tranquila a medidas como la privatización parcial de AENA, con la que el gobierno pretende ingresar 9.000 millones de euros.

Zapatero no ha aparecido en televisión durante la huelga, dejando las explicaciones públicas a Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente de gobierno.

Rubalcaba prometió que la situación no volverá a repetirse. Los controladores estarán bajo jurisdicción militar durante los 15 días del Estado de alarma, pero el gobierno ha dicho que podría acudir al Congreso de Diputados y pedir una extensión.

"Es un suceso de una enorme gravedad y consecuencias muy dañinas, empezando por los ciudadanos que no han podido volar, siguiendo por los intereses de las compañías y hoteleros, y la imagen de nuestro país", dijo Rubalcaba.

La mano dura del gobierno fue aplaudida por la prensa local. Los controladores son un blanco fácil, ganando alrededor de diez veces el salario promedio en medio de una fuerte crisis en la que España sufre el nivel más alto de desempleo de la Unión Europea.