El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el jueves un decreto especial de medidas de urgencia para reducir los costes energéticos que contempla un ahorro de 4.600 millones de euros (US$6.033 millones) en los próximos tres años y que busca mitigar las fuertes subidas previstas en la factura eléctrica y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Según información de un portavoz del ministerio de Industria, se trata de una reforma que afectará fundamentalmente a las primas fotovoltaicas - con el objetivo de reducir la factura que paga el estado a esta industria en 740 millones de euros al año hasta 2013- y que permitirá controlar la parte regulada de la factura eléctrica.

Las eléctricas deberán pagar un peaje por generación para financiar las redes a partir de principios de año de 0,5 euros por Megawatio/hora, lo que supondrá ingresos anuales extra de 150 millones al año. Adicionalmente, el gobierno extendió en seis meses la financiación del bono social por parte de las eléctricas, con un ahorro extra de 150 millones de euros.

Además, las compañías financiarán con 670 millones de euros en el período los costes de las medidas de ahorro y eficiencia en un apartado que hasta ahora se sufragaba con la tarifa.

En el ámbito fotovoltaico, el gobierno ha establecido una limitación horaria de la producción de las centrales durante los tres próximos años, con una cuantificación económica de 740 millones de euros anuales.

Este recorte ya ha provocado un fuerte rechazo de la industria y también permitirá al gobierno moderar la fuerte subida de la luz prevista por los elevados costes de la energía en subasta.

En cuanto al denominado déficit de tarifa (la diferencia entre el coste de generación y los ingresos regulados), Industria se reafirma en su objetivo de alcanzar el equilibrio en 2013, aunque ha elevado los límites máximos de déficit hasta 5.500 millones en 2010 (desde 3.000 millones) a 2.000 millones de euros en 2011 (desde 1.000) y a 1.500 millones en 2012 (desde 1.000 millones).

La polémica deuda del Estado reconocida a las eléctricas, que asciende a 16.600 millones de euros, iba a ser colocada en los mercados como deuda titulizada y garantizada con el aval estatal, pero las duras condiciones actuales lo han impedido.