El contrato de concesión para la administración y manejo del corredor logístico y corredor turístico representa intereses leoninos contra el Estado de Honduras, denunciaron diputados del Congreso Nacional.

Según el contrato aprobado por el Poder Legislativo, el Estado de Honduras se compromete a garantizar a la concesionaria un ingreso mínimo de 7.500 millones de lempiras (US$280,6 millones) en un plazo de 15 años.

Lo anterior se desprende de las condiciones en que fue negociado dicho contrato por parte de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza). La concesión fue aprobada esta semana por el Congreso Nacional.

El diputado liberal Wenceslao Lara se pronunció en contra de la aprobación del citado contrato. Esgrimió un dictamen que en su momento emitió el ex ministro de Finanzas, Héctor Guillén, en el que dice que “el país no tiene capacidad para cumplir con las condiciones económicas contenidas en el contrato y que el riesgo de incumplirlo es cien por ciento seguro”, señaló.

El Ingreso Mínimo Garantizado es una garantía contractual contingente que solo se activa en alguna oportunidad puntual, se da una situación especificada.

El manejo de las carreteras del corredor turístico será ejecutado por la Concesionaria Vial de Honduras, integrada por las empresas Hidalgo e Hidalgo y Construcción y Administración, S.A., de Ecuador y Perú. Mientras que el adjudicatario del corredor turístico es el Consorcio Canal Seco, conformado por las empresas CI Grodco en C.A. de Colombia Grodco Panamá, S.A. de Panamá y Profesionales de la Construcción de Honduras.

Es brindada por el concedente para asegurar al concesionario un nivel mínimo de ingresos que permita financiar el proyecto.

Según el contrato, el lapso de vigencia comenzaría a contarse desde 2015 hasta 2029.

En el primer año, el Estado de Honduras debería pagar 360 millones de lempiras (US$13,4 millones). En 2016, el monto sería de 380 millones (US$14,2 millones); en 2017, el monto aumentaría a 400 millones de lempiras (US$14,9 millones).

En 2018, le correspondería al consorcio recibir 420 millones de lempiras (US$15,7 millones) y en 2019, el consorcio al que se pretende traspasar la administración y la gestión del canal seco habría de reclamar un aproximado de 440 millones de lempiras (US$16,46 millones).

Entre 2020 y 2022, los ingresos mínimos anuales de la concesionaria serían entre los 440 y los 460 millones de lempiras (US$17,21 millones). Mientras, en el lapso de 2023 y 2025, ese monto andaría entre los 500 (US$18,71 millones) y los 560 millones de lempiras (US$20,95 millones).

Y de 2026 a 2029, se proyecta la entrega por el mismo concepto de sumas que irían entre los 580 (US$21,7 millones) y los 660 millones de lempiras (US$24,6 millones), según lo detallado en el contrato.

En el supuesto de que la recaudación anual por peaje sea menor al nivel de ingreso mínimo correspondiente para dicho año, el Estado de Honduras debería realizar las acciones necesarias a fin de que la diferencia sea prevista en el Presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal.

El peaje será cobrado en al menos siete casetas a un costo de 80 centavos de dólar (16 lempiras) para carros livianos y US$1,60 (32 lempiras) a vehículos pesados, mientras que las rastras pagarán por todo el recorrido, de Goascorán hasta Puerto Cortés, US$2,50.

Cada uno de estos precios es calculado por cada una de las casetas de peaje. El diputado liberal José Azcona también se opuso a la concesión, pues adujo que contiene algunas lagunas que no fueron aclaradas por los miembros de Coalianza. Al igual que otros diputados, Azcona dijo que dicho contrato es oneroso para el Estado y constituye un riesgo que ojalá pueda superarse.

El corredor logístico comprende los tramos de Goascorán a la Villa de San Antonio; Tegucigalpa-Villa de San Antonio; San Pedro Sula-Puerto Cortés y se ubica en los departamentos de Valle, La Paz, Comayagua, Santa Bárbara, Francisco Morazán y Cortés, con una longitud aproximada de 391,81 km.

El manejo de las carreteras del corredor turístico será ejecutado por la Concesionaria Vial de Honduras, integrada por las empresas Hidalgo e Hidalgo y Construcción y Administración, S.A., de Ecuador y Perú. Mientras que el adjudicatario del corredor turístico es el Consorcio Canal Seco, conformado por las empresas CI Grodco en C.A. de Colombia, Grodco Panamá, S.A. de Panamá y Profesionales de la Construcción de Honduras.