La demanda fue presentada por los gobernadores de Río de Janeiro, Sergio Cabral, y Espíritu Santo, Renato Casagrande, y sostiene que la nueva ley perjudica a esos estados, es "inconstitucional" y pone en situación de "riesgo" la economía de esas regiones.
Brasilia. Los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo, los dos mayores productores de crudo de Brasil, demandaron este viernes ante el Supremo Tribunal la nulidad de una ley que establece un nuevo reparto de las regalías generadas por operaciones petroleras.
La demanda fue presentada por los gobernadores de Río de Janeiro, Sergio Cabral, y Espíritu Santo, Renato Casagrande, y sostiene que la nueva ley perjudica a esos estados, es "inconstitucional" y pone en situación de "riesgo" la economía de esas regiones, según el texto recibido y divulgado por el Supremo.
La polémica ley fue aprobada por el Congreso la semana pasada y establece que las regalías generadas por las operaciones petroleras serán repartidas en forma equitativa entre los 27 estados del país, con lo cual se eliminan unos mayores beneficios que existían para las regiones productoras.
Esos beneficios anteriores se mantenían en el proyecto original de la ley enviado por el gobierno al Congreso pero fueron eliminados por las cámaras, lo cual generó un pulso político entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La presidenta Dilma Rousseff vetó la eliminación de la antigua distribución, pero la Constitución brasileña establece que una decisión de esa naturaleza debe ser discutida nuevamente por las cámaras, que reincorporaron el concepto de "reparto equitativo" entre los 27 estados del país.
La ley fue sancionada este jueves por la mandataria y publicada hoy en el Diario Oficial, con lo cual Río de Janeiro y Espíritu Santo optaron por intentar un último recurso ante el Supremo.
Las autoridades de Río de Janeiro y Espíritu Santo alegan que en las cuencas marítimas de esos estados reposa el 80 por ciento de las reservas probadas de crudo del país, concentradas en el llamado "presal", situado en aguas profundas del océano Atlántico.
Según el gobierno regional de Río de Janeiro, la nueva ley le causará a ese estado la pérdida de 3.400 millones de reales anuales (unos US$1.600 millones) a partir de este mismo año.
