Montevideo. El ex presidente del Banco República de Uruguay (BROU), de titularidad pública y el mayor del país, Fernando Calloia, apeló hoy su procesamiento judicial por abuso de funciones en el caso de la liquidación de la aerolínea Pluna con el argumento de que no causó daño económico a la administración.

Según confirmaron fuentes de la defensa del ex banquero, que dimitió el pasado viernes cuando se comunicó su procesamiento junto con el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo, en su apelación también señala que todas las decisiones que se tomaron en este asunto fueron tomadas en acuerdo con el directorio del BROU.

La jueza del crimen organizado Adriana de los Santos pidió el procesamiento de Calloia bajo la acusación de haber otorgado un aval a la empresa española Cosmo para que pudiera participar en la subasta de los aviones de la quebrada aerolínea de bandera uruguaya Pluna, aval que aparentemente no se ofreció a otros interesados y se concedió por un pedido expreso del ministro Lorenzo.

Calloia apeló con un documento de más de 80 páginas aduciendo entre otras cosas que el fiscal pidió su procesamiento por haber perjudicado a otras empresas por su acción, si bien la jueza lo acusó de haber violado normas de control bancario.

Cuando dimitió el viernes, Calloia envió una carta al presidente de Uruguay, José Mujica, en la que defendía su actuación en el caso Pluna y dijo haber tomado decisiones "en circunstancias extraordinarias para el país, que no admitían demoras".

Además, recordó que durante su gestión de nueve años el banco pasó de estar al borde de la quiebra a tener un patrimonio nunca antes visto en su historia, con más de US$10.000 millones en depósitos del sector privado, una morosidad mínima y beneficios de más de US$800 millones en los últimos tres años.

El Parlamento uruguayo aprobó el 17 de julio del 2012 la liquidación de Pluna a instancias del Ejecutivo, debido a la crítica situación financiera de la empresa.

Pluna operaba unos 250 vuelos semanales desde y hacia Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, lo que suponía cerca del 80% del total de vuelos en Uruguay.

Aparentemente para solucionar esta situación fue que el BROU concedió el aval a Cosmo en una operación que terminó en fracaso y con indicios, según dijo la Justicia, de que Calloia y Lorenzo cometieron "excesos sobre el marco legal de sus funciones".