Difícil acceso y el elevado precio de las divisas para importar o fabricar los insumos de la construcción, son algunos de los causantes de la escasez de los materiales de fabricación.

Venezuela. Los empresarios reunidos en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) condenaron a todos aquellos agremiados que hayan cobrado o estén cobrando ilegalmente el Inpc. Eso sí, mantienen la esperanza de que el gobierno se reúna con el gremio, para que erigir y vender viviendas vuelva a ser viable y el número de unidades habitacionales que se terminan deje de caer cada año.

Aquiles Martini, presidente de la CIV, aseguró que "la cámara no avala acciones de cualquiera de sus agremiados que hayan podido atentar contra las normas y leyes vigentes en el país, y quienes lo hagan tendrán que enfrentarse al sistema judicial nacional".

No obstante, el dirigente gremial explicó que "el fondo real del problema es que bajo las condiciones actuales no hay manera de terminar las viviendas que empiezan a construirse, y esto genera grandes distorsiones".

El problema

La imposibilidad de ajustar los saldos deudores al Inpc cuando se vende un inmueble, genera un círculo vicioso. Se presiona fuertemente los precios al alza al momento de la venta, como un intento de los promotores por evitar futuras pérdidas, y provoca que cada vez menos personas tengan capacidad adquisitiva para lograr un techo donde vivir.

El difícil acceso y el elevado precio de las divisas necesarias para importar o fabricar los insumos de la construcción, y la contracción de la manufactura local, también genera escasez de estos materiales, tanto en el sector público como en el privado.

El resultado final es la imposibilidad de cubrir el déficit habitacional histórico de unas 2 millones de viviendas, y la prueba es que de unas 90 mil unidades que se construyeron en 2009, según el Banco Central de Venezuela (BCV), este año las proyecciones de la CIV apuntan apenas a 50 mil, y para 2011 Martini ya prevé otra caída cercana a 50%.

Inconsistencias

El presidente de la Subcomisión de Gestión Pública y Poder Público de la Asamblea Nacional, Augusto Montiel, informó en días recientes que unas 150 mil familias fueron estafadas por 31 empresas inmobiliarias que, presuntamente, cobraron de forma injustificada el Inpc "desde hace varios años".

Martini recordó que "el ajuste por Inpc en viviendas sólo es ilegal desde junio del año pasado, y las leyes en Venezuela no son retroactivas".

Para el vocero es inconsistente que en tan sólo 15 meses se haya afectado a 150 mil familias, cuando el año pasado se terminaron 90 mil viviendas y en el primer semestre 2010 no se llegó a 25 mil.

El directivo acotó que sólo en la CIV hay afiliados 2,500 promotores y corredores, por lo que apenas 31 compañías no pudieron haber edificado 150 mil unidades habitacionales en el país.