A más de un año del inicio de las primeras licitaciones para la construcción de la Línea de Transmisión de 500 kV, desde la central hidroeléctrica Itaipú hasta Villa Hayes, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no ha podido liberar en su totalidad los terrenos para la franja de servidumbre por donde cruzará el tendido eléctrico.   

Solo 11 de los más de 40 propietarios aceptaron los cheques, cuyos montos no fueron dados a conocer por la ANDE, debido a que los responsables de elaborar las facturas se encuentran de vacaciones.   

Una fuente cercana a la empresa estatal señaló que se había establecido un plazo para liberar los terrenos, pero los funcionarios de la asesoría jurídica asignados para llevar adelante el tema dejaron pasar el tiempo.   

A causa de las dilaciones, recién a finales del mes de diciembre de 2011 los funcionarios empezaron a repartir los cheques a los propietarios de los inmuebles, con el resultado de que solo once de los casi cincuenta aceptaron.   

Vale precisar que hace un mes uno de los funcionarios de la asesoría jurídica del ente, durante una manifestación para exigir la renuncia del jefe del departamento , el abogado Jorge Granada, había declarado que las cifras establecidas por la ANDE con base en una tabla de valores manejada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) eran irrisorias y que se le está engañando a la gente.   

Esto confirmaría que los mismos funcionarios de la ANDE operaron en contra de los intereses de la estatal y de la misma ciudadanía, teniendo en cuenta que la línea de 500 es de vital importancia para el país, cuyos habitantes fueron bastante golpeados los últimos años por persistentes y prolongados cortes del servicio eléctrico, a causa de la alta demanda y las limitaciones de las redes de transmisión desde la central hidroeléctrica.

De acuerdo a los datos, un total de 23  rechazaron los cheques porque no estaban de acuerdo con las cifras de indemnización.

Por lo menos a una veintena de ellos la ANDE pasó ante los estrados judiciales para conseguir una orden que les permita ingresar a las propiedades de los obreros y técnicos de la empresa contratista CIE-Elecnor.

A fines de diciembre se entablaron acciones  judiciales contra Miguelina Cristaldo y Ubaldo Javier Cantero.  A principios de enero, contra María Berenice Aguirre, Isabel Martínez Díaz, Sirlene Aguirre González y Jorge Darío Zárate.

La lista continúa con Pedro Ignacio Díaz Caballero, Álvaro Rodrigo Gómez Díaz, Rolando Celestino Salinas Ramírez, Celestino Salinas Ramírez, Felipe Gómez Orué, Inmobiliaria Agropecuaria Santa María SRL y Diego Emilio Lobo.

Construcción de torres. El 12 de noviembre, la Itaipú adjudicó la última licitación prevista para el proyecto de 500 kV.

Se trató de la construcción de las torres, la provisión e instalación de los cables de 500.000 voltios. Ante la serie de problemas en la liberación de la franja de servidumbre, el titular de la estatal, el ingeniero Alex Duré, dispuso la apertura de una auditoría.

La resolución es de fecha 17 de enero y firma el titular del ente y el auditor Francisco Romero. La empresa local Consorcio de Ingeniería Electromecánica (CIE) y Elecnor, firma brasileña, fueron beneficiadas con el contrato por valor de US$166 millones.

Duré ordenó auditoría. Ante la serie de problemas en la liberación de la franja de servidumbre, el titular de la estatal dispuso la apertura de una auditoría a la liberación de la franja de servidumbre.

De persistir esta traba, CIE-ELECNOR no podrá iniciar la construcción de las 800 torres.