Railroad Development Corporation (RDC) pretende que el Estado de Guatemala desembolse hasta US$26,5 millones, US$15 millones más de lo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en junio último en el caso Ferrovías, en el cual el pago debía ser por US$11,5 millones.

Según Juan Pablo Carrasco, abogado de Ferrovías, el 12 de agosto se pidió una corrección del cálculo hecho por el tribunal, el cual asciende a US$5 millones más.

Además, solicitaron que se fije la tasa de depreciación en los contratos que tienen con el Estado y con lo cual, según los cálculos de la compañía, les tendría que pagar entre US$5 millones a US$10 millones. Con la solicitud, el total sumaría US$15 millones.

La medida, dijo Carrasco, busca rectificar la suma que el Estado debe hacer efectivo a la empresa.

El 29 de junio último, el Ciadi condenó al Estado de Guatemala a pagar entre US$11,5 millones —Q86,2 millones— por el arbitraje internacional planteado en el caso de Ferrovías.

No procede. Para Larry Robles, procurador general de la Nación (PGN), esta situación no procede, ya que el tribunal dictó su decisión.

Según Robles, Ferrovías pretende una revisión de los cálculos y un recurso de suplementación del laudo que emitió el 29 de junio último

Por un lado, explicó, Ferrovías busca aumentar el monto calculado por US$4 millones y por medio del recurso de rectificación, que el tribunal arbitral entre a conocer y revisar la adjudicación de US$6,5 millones en favor de la inversión de US$15 millones.

Robles indicó que el principal argumento es la pérdida de inversión cuando la compañía operó por siete años en números rojos, lo cual corresponde al riesgo que asumió.

“Ferrovías trata de que el tribunal pueda reconsiderar y aumentar esos valores del laudo emitido”, resaltó.

Agregó que el cálculo del tribunal se hizo con base en los expertajes que se presentaron dentro del proceso por ambas partes y el cual quedó fundamentado en el debate.

El Ciadi fijó para el 12 de septiembre próximo la audiencia entre las partes.

El procurador mencionó que si el tribunal acepta la petición y falla en favor de la compañía, el Estado deberá pagar como máximo US$19,5 millones.

Hasta que no se agoten estos recursos, el Estado aún no puede hacer efectivo el pago de US$11,5 millones definido por el Ciadi.

Robles dijo que confía en que el pago se haga efectivo en lo que queda del año.

Al pagar lo dispuesto por el Ciaci el Estado recuperará el derecho sobre los activos, bienes y operación ferroviaria.

El procurador indicó que ya están en la preparación de la defensa por estos recursos.

Mientras que el presidente Otto Pérez Molina indicó  que ante la solicitud de Ferrovías, el PGN tiene instrucciones de dar seguimiento al caso.

“El procurador estuvo la semana pasada en EE.UU. para conocer detalles sobre estos recursos”, expuso.

Añadió que esta petición fue de Ferrovías, y no significa que ya esté confirmada.

“Están las instancias legales que tendrán que definir esta situación, expuso el mandatario.

Robles afirmó que los costos por estas rectificaciones corresponderán a Ferrovías, ya que es la parte solicitante.

Según la resolución del fallo del 29 de junio el desglose preliminar de pagos refiere: US$6 millones 576 mil 871 se deben pagar por la inversión que hizo RDC en el país.

Además, US$1 millón 350 mil 429 por operaciones un año después de la declaratoria de lesividad —agosto del 2006—.

También US$3 millones 379 mil 451, ya que el Estado deberá adquirir las acciones que RDC tiene en la compañía Ferrovías, S.A. y que son el 82% del capital de esa sociedad.

La demandan inicial fue planteada por US$65 millones.

Iberdrola. Estado reclama pago. El Estado de Guatemala procedió a notificar a los abogados y casa matriz de  la compañía Iberdrola el pago de US$5,3 millones —Q41 millones— por los costos legales del arbitraje luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones le negó una demanda en la que pretendía obtener US$185 millones.

“Nos dirigimos por medio de nuestros abogados a la compañía Iberdrola a solicitarles el cumplimiento de la condena que realizó el tribunal arbitral de adjudicar los US$5.3 millones”,  dijo Larry Robles, procurador general de la

Nación. Robles manifestó que los abogados de Iberdrola aún tienen un plazo de 120 días para hacer uso del recurso de  anulación, si es que ellos —abogados de Iberdrola— deciden continuar con este laudo arbitral  o hacer efectivo el pago al Estado de Guatemala.