La Presidenta Michelle Bachelet firmó este martes el proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura, en una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda.

Dicho proyecto busca fomentar y expandir para múltiples usos la inversión en infraestructura en Chile, contribuyendo a cerrar las brechas existentes en la materia.

La Mandataria manifestó que “a través de la presentación del Proyecto de Ley que crea el Fondo de Infraestructura, hoy continuamos por esta vía y nos hacemos cargo del desafío de fortalecer y hacer de nuestra economía un espacio de mayor productividad y crecimiento”.

La iniciativa legal crea una sociedad anónima del Estado, cuyo objetivo será la construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento e inversión en proyectos de infraestructura, incluidos servicios anexos a los mismos.

“Estamos hablando de nuestros caminos, autopistas, puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y una amplia cartera de proyectos que aumentan la conectividad de nuestros territorios y facilitan el intercambio de Chile con el mundo… Esta infraestructura debe ser del más alto nivel y debe avanzar a la velocidad que nuestro país requiere, con planificación y de acuerdo con las necesidades estratégicas de nuestra economía”, agregó la Jefa de Estado.
Esta sociedad anónima contemplará una participación del 99% del capital social del Fisco y una participación de 1% de la Corfo. Las acciones de esta sociedad serán inajenables, donde el Fisco será representado en la junta de accionistas por los ministros de Hacienda y Obras Públicas.

¿Cómo funcionaría? La administración del Fondo de Infraestructura la ejercerá un directorio que estará compuesto por cinco miembros, que durarán cuatro años en sus cargos y que podrán ser designados por nuevos periodos, siendo renovado por parcialidades.

Los directores serán nombrados por el Presidente de la República: dos de ellos a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y los tres restantes a partir de ternas propuestas para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública. No podrán ser propuestos ministros, subsecretarios, jefes de servicio, parlamentarios; dirigentes políticos, sindicales o gremiales; alcaldes ni candidatos a cargos de elección popular, entre otros.

Los tres directores seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública tendrán la calidad de independientes, entendiendo por tales a aquellos que no mantengan vínculos con el Fondo de Infraestructura o las empresas involucradas de modo de evitar un potencial conflicto de interés.

El fondo se regirá por las normas de las sociedades anónimas abiertas y quedará sometido a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Contraloría General de la República. En consecuencia, deberá ser una empresa solvente y con rentabilidad privada positiva.