La Paz. Fiscales bolivianos, acompañados por policías y militares, allanaron este viernes las oficinas de la filial del grupo indio Jindal Steel and Power, tres días después de que la empresa y el gobierno dieran por terminado un contrato para levantar la primera siderúrgica del país.

Jindal dio por terminado el martes su acuerdo con el gobierno para explotar la mitad de la gigantesca reserva de hierro El Mutún, en la frontera con Brasil, donde el grupo asiático planeaba invertir US$2.100 millones.

La intervención judicial aleja la posibilidad de un cierre amistoso de la relación entre Jindal y el gobierno izquierdista de Evo Morales, que en el último mes decidió estatizar proyectos mineros del conglomerado suizo Glencore y de la canadiense South American Silver.

Los fiscales incautaron documentación y computadoras, precintaron las oficinas de Jindal y detuvieron a una funcionaria boliviana, dijeron medios locales sobre la operación, que se realizó en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez. La intervención no alcanzó al mismo yacimiento, dijeron radios.

"Se está cumpliendo la instrucción de allanamiento emitida por un juez de La Paz, por la investigación de incumplimiento de contrato que le sigue a la Jindal el Ministerio de Minería", dijo el fiscal Aldo Ortiz, de Santa Cruz, según fue citado por la agencia estatal de noticias ABI.

No hubo una reacción inmediata de la filial de Jindal.

La firma india y el gobierno se han achacado mutuamente responsabilidades por el fracaso del plan siderúrgico, que preveía la producción de acero a partir del 2014.

Jindal tenía derecho a explotar durante 40 años la mitad del yacimiento El Mutún, cuya reserva total de unas 40.000 millones de toneladas de hierro es una de las más grandes del mundo.

El gobierno -que ha nacionalizado en el último quinquenio las industrias de hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad- pretende encontrar en los próximos seis meses un nuevo socio extranjero para el proyecto siderúrgico.