San José. La Fiscalía anticorrupción de Costa Rica realizó este viernes cuatro allanamientos, uno de ellos a las oficinas de la firma brasileña OAS, por el caso relacionado a supuestas irregularidades en una polémica concesión de una carretera valorada en US$523 millones.

El Ministerio Público informó este viernes en un comunicado que los allanamientos estuvieron a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), con el fin de "recolectar prueba para seguir avanzando con la investigación".

Los otros tres allanamientos se efectuaron en oficinas de las empresas locales Cacisa y Soares.

De momento la causa no se ha personalizado y se investiga el delito de "incumplimiento de deberes", pero "no se descarta que conforme avance la investigación se señale otros delitos", agregó el Ministerio Público.

La concesión pretendía la modernización de un tramo de 58 kilómetros de la carretera interamericana entre San José y la localidad de San Ramón, provincia de Alajuela, pero enfrentó numerosas protestas de los vecinos de la vía y críticas de la prensa por el alto costo económico de la obra y el elevado cobro de los futuros peajes (unos US$8 ida y vuelta).

El pasado 22 de abril la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, anunció que daba por descartada la concesión y que buscaría el finiquito del contrato con OAS por "mutuo acuerdo", pero aún no se ha firmado ningún documento oficial entre las partes.

Además, del costo de la obra y los peajes, la principal crítica a la obra de US$523 millones era que la vía no sería ampliada en su mayor parte, sino reconstruida, lo que no iba a resolver el problema actual de congestión de vehículos.

Esta obra se adjudicó en el 2004 por US$295 millones a otra empresa, pero los trabajos nunca arrancaron por diversos problemas burocráticos y legales.

Luego el costo se incrementó a US$350 millones en el 2009 y finalmente alcanzó los US$523,7 millones en el contrato refrendado este año con OAS.

La Fiscalía investiga este caso desde el pasado 8 de abril y siete días después realizó un allanamiento en las instalaciones del estatal Consejo Nacional de Concesiones para obtener documentos relacionados con el tema.

Este asunto ha sido uno de los más polémicos en los tres años que lleva el gobierno de Chinchilla, que concluirá en mayo de 2014.