Bogotá. La Fiscalía General de Colombia inició este lunes una investigación por la presunta responsabilidad penal de funcionarios de la petrolera estatal Ecopetrol en la contaminación ambiental que se produjo por el afloramiento de crudo en un pozo en el norte del país.

En las últimas tres semanas el equivalente de unos 550 barriles de crudo salió a la superficie en el Pozo Lisama 158, que se encuentra en proceso de abandono por baja producción y está ubicado en las inmediaciones del municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander.

El derrame provocó contaminación en una quebrada, así como en la flora y fauna de la región.

"La investigación busca establecer si hubo responsabilidades a nivel individual de funcionarios de Ecopetrol para que eventualmente respondan penalmente", dijo a Reuters un funcionario de la Fiscalía que pidió mantener su identidad en reserva.

La investigación es independiente a las que anunciaron por separado la Procuraduría General, que puede imponer sanciones administrativas de suspensión y destitución de sus cargos a funcionarios, y a la de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que trata de establecer si la petrolera cumplió con los procedimientos para el cierre del pozo.

"Vamos a hacer todo lo que sea necesario para restablecer las condiciones ambientales y sociales en la zona. Es nuestro compromiso y vamos a invertir los recursos humanos, financieros y tecnológicos que sean necesarios", dijo el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, sobre la emergencia.

El funcionario afirmó que la empresa colaborará con las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la autoridad ambiental y se comprometió a aportar la información disponible.

Ecopetrol instaló un equipo importado de Estados Unidos para cerrar el pozo en forma definitiva, segura y controlada, sostuvo Bayón.