Universia Knowledge Wharton. La fracturación hidráulica, un proceso para liberar el gas natural y el petróleo del suelo es el punto central de numerosas controversias relacionadas con la ley y la política medioambiental, el crecimiento económico y la salud pública. Para sus defensores, el proceso, que es conocido popularmente como fracking, permitiría el acceso a una enorme fuente de gas natural capaz de proporcionar independencia energética a EE.UU. compensando, al mismo tiempo, algunos de los efectos nocivos del carbón sobre el medio ambiente, especialmente las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al cambio climático. Los partidarios del fracking dicen que incluso tiene el potencial de estimular el renacimiento del sector manufacturero de EE.UU. al promover el crecimiento del empleo vinculado a los insumos industriales de bajo coste.

Sin embargo, aquellos que se preocupan por el impacto medioambiental del fracking en el aire y en la calidad del agua, además del atraso que puede provocar a la hora de adoptar fuentes de energía sostenibles más caras, citan varias razones para restringir el desarrollo de ese proceso.

En un intento de esclarecer algunas de las cuestiones de ese debate energético, la Iniciativa de Políticas Públicas de Penn/Wharton promovió de forma reciente un seminario titulado "Fracturación, Política Medioambiental y Crecimiento Económico", moderado por Sarah Light, profesora de Estudios jurídicos y de Ética en los negocios de Wharton. Participaron también en el evento Kathryn Klaber, ex consejero delegado de Marcellus Shale Coalition, organización que reúne el mayor número de empresas involucradas en el boom de la perforación de gas natural en Pensilvania; Scott Perry, secretario interino de la oficina de gestión de petróleo y gas del Departamento de Protección Medioambiental de Pensilvania (DEP), y Trevor Penning, director del Centro de Excelencia en Toxicología Medioambiental de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania.

Son muchos los aspectos en torno al impacto de la fracturación hidráulica en la salud pública, la seguridad y el medioambiente, dijo Light al principio de la discusión. Esto no es una sorpresa, ya que la fracturación requiere la inyección de agua a alta presión y productos químicos en el suelo para romper la roca de esquisto, de manera que libere las fuentes de hidrocarburo atrapadas en su interior. "La retórica es acalorada por ambas partes", dijo Light. "No hay desacuerdo sólo en lo que concierne a las elecciones de directrices, también hay discordancia, a veces, en lo tocante a los hechos que están detrás de esas elecciones".

Consideraciones relativas a la seguridad de la calidad del aire y del agua llevaron a las autoridades de Nueva York, Vermont y otras localidades a imponer moratorias al fracking. Para algunos críticos, el fracking, a fin de cuentas, es un paliativo económico efímero que podría, a largo plazo, reemplazar la inversión en combustibles no fósiles y otros tipos de combustibles sostenibles, como el viento y la energía solar, que encuentran dificultad para competir a causa de los precios. Hay quien dice también que los precios relativamente bajos cobrados por la energía producida con el fracking no reflejan los elevados costes medioambientales negativos y los daños a la salud impuestos a la sociedad y al medio ambiente. Si esos costes fueran tomados en cuenta, dicen, los precios de los recursos sostenibles parecerían más competitivos.

"Impacto significativo". La discusión del seminario giró en torno a las respuestas a tres preguntas fundamentales sobre fracking en Pensilvania: en primer lugar, ¿qué impacto económico tiene el fracking en el Estado? Segundo, ¿qué tipo de supervisión regulatoria existe en el Estado? Y, tercero, ¿ha habido investigaciones suficientes sobre los riesgos medioambientales que permitan evaluar al cien por cien el impacto del fracking en la salud pública y en la seguridad?

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Klaber, que lideró la Marcellus Shale Coalition hasta 22 de octubre de 2013, dijo que el impacto económico del fracking fue positivo. "Primero, hay todo un trabajo de preparación, como el arrendamiento del terreno, con gran impacto económico para los dueños de tierras en EEUU [...] Esos arrendamientos ya costaron mucho más de US$1.000 millones en seguros. Según la ley, un mínimo de 1/8 (12,5%) del valor de ese gas está destinado a los propietarios de las tierras".

 

Además, "es preciso hacer mucho trabajo para preparar e identificar el lugar de la explotación. Diversos biólogos y otros profesionales de ciencias" son necesarios en ese proceso con la creación de empleos en su segmento, dijo Klaber, añadiendo que las empresas de construcción de plataformas y de mudanzas también ganan, así como las compañías de paisajismo y otros proveedores de servicios especializados. Las industrias que dependen de Marcellus Shale emplearon cerca de 232.000 trabajadores en Pensilvania durante el primer trimestre de 2013, según datos del Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania.

No será suficiente con eso, dijo Klaber, más de US$2.000 millones fluirán al "Estado en impuestos sobre ventas, franqueos, impuesto de renta de las empresas. Cerca de 2.600 ayuntamientos participan en la obra. Las 67 comarcas de Pensilvania reciben parte de la tasa de impacto, un impuesto recién creado" que generó más de US$400 millones en 2011-2012. "No ha habido una parte siquiera de esa iniciativa conjunta que no haya sufrido un impacto significativo —inclusive la región oeste de Pensilvania, que perdió mucho con el declive de la industria siderúrgica— y el sudeste del Estado, que sufrió después de que las refinerías se cerraran de forma abrupta allí", dijo Klaber.

¿Supervisión adecuada? Scott Perry, del DEP, dijo que su agencia supervisa "todos los aspectos de la prospección de lugares para plataformas de perforación, perforación de pozos, eliminación de residuos, conjunto de líneas de transmisión", etc. "Nuestra primera preocupación es la seguridad pública, lo que requiere la construcción bien planeada de los pozos de gas", dijo. 

"Si no fueran debidamente encapsulados y cimentados, podría ocurrir el escape de metano, lo que constituye una amenaza directa para la seguridad pública, además de problemas en el agua subterránea". Pero, añadió, "ha habido casos en el pasado en que ha tenido lugar ese problema, por lo tanto tenemos que actuar rápidamente para fortalecer esas normas".

La segunda preocupación de la agencia es el riesgo para la salud, es decir, la exposición crónica a las aguas residuales o a la degradación de la calidad del aire. La norma más importante que la oficina de Perry adoptó para lidiar con tales dificultades fue la "eliminación de la descarga de las aguas residuales del complejo de gas de esquisto en los ríos y riachuelos de Pensilvania. Esas aguas tienen un contenido elevado de sales, y de bario y estroncio (un material radiactivo natural), y las empresas que históricamente han trabajado con aguas residuales no tienen recursos y tratamiento adecuado para eliminar esos elementos". El resultado: "no sólo evitamos el impacto en nuestro ríos, sino también los impactos acumulativos en nuestros riachuelos y ríos", dijo Perry. "Con la eliminación de la descarga, preservamos la calidad del agua en toda Pensilvania".

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Respecto a la calidad del aire, Perry dijo que el DEP concluyó diversos estudios de corto plazo y uno de largo plazo. Aunque el departamento no haya identificado ningún contaminante importante, aún así endureció las solicitudes de licencia para estaciones de compresor de gas y, por primera vez, estableció requisitos de control en la boca del pozo para la reducción de emisiones de compuestos orgánicos volátiles y de metano. Además, la agencia monitoriza las actividades de extracción de tierra en los terrenos de petróleo y gas para evitar "problemas en el control de la erosión y de los sedimentos, además de la gestión de aguas pluviales post-construcción", dijo Perry.

Pero él admitió inmediatamente que su agencia necesita mejorar sus actividades en algunos aspectos. "Estamos preocupados por la calidad de nuestros datos. Fuimos merecidamente criticados por la prensa a causa de la calidad de los datos de que disponemos. Queremos ser transparentes para que el público sepa exactamente lo que estamos haciendo, y si las personas tienen preguntas, podrán hacerlas rápida y fácilmente". Perry también reconoció que algunas empresas temen incentivar la adopción de mejores prácticas porque eso puede acabar llevando a la regulación del sector. "Incidentes llevan a la regulación", resaltó. "Y si buena parte de la industria no adopta mejores prácticas, es de esperarse que tales prácticas se vuelvan normativas".

Al rechazar la idea de que el gobierno federal debería jugar un papel destacado en la regulación de la industria de la fracturación, Perry dijo: "si la contaminación amenaza con ir más allá de las fronteras geopolíticas, el gobierno federal juega ahí un papel importante, con La Ley del Agua Limpia o del Aire Limpio, que son federales". Aparte, "yo cuestionaría la lógica de pasar el control al gobierno federal", dijo. "Trabajo en el DEP desde hace más de 13 años, y trabajé tanto con gobiernos demócratas como republicanos. Hicimos más en los últimos cinco años que lo que el gobierno federal habría hecho en dos décadas".

¿Sabemos exactamente cuáles son los riesgos? ¿Pero los científicos saben exactamente los numerosos riesgos de la fracturación para ofrecer opiniones contrastadas acerca de esos peligros o incertidumbres? "Tratándose de riesgos para la salud, es escandalosa la falta" de investigación sobre evaluación de riesgo, identificación de peligros, tipo de peligros y cómo atenuar esos riesgos para los seres humanos, dijo Penning. Respecto a la calidad del aire, prosiguió Penning, los científicos "saben cuáles son los peligros" en el caso de que se registren determinados niveles de contaminación a partir de cuantías específicas procedentes de la maquinaria movida a diesel utilizada en la fracturación como, por ejemplo, la estación de compresor y las emisiones de los camiones usados en el transporte de materiales al lugar de la obra. "Sabemos también cuáles son los componentes del diesel y cuál puede ser su impacto si sobrepasamos determinados límites", dijo, añadiendo que los científicos saben que se produce quema en la boca del pozo, y ellos saben de qué manera tales peligros pueden afectar la salud humana si se sobrepasaran ciertos niveles, especialmente en los casos de personas que sufren de asma, problemas cardiovasculares u otras enfermedades. El desafío es descubrir si se sobrepasaron esos niveles. "Por lo menos, en eso hemos pensado", dijo Penning.

Tratándose del impacto de la fracturación en la calidad del agua, hay "una falta de transparencia en lo relativo a la composición de los fluidos de la fracturación hidráulica", dijo.

Los fluidos usados en la fracturación son una mezcla compleja, resaltó Penning, y la mejor manera de lidiar con ese desafío no consiste en someter cada componente de los fluidos a los toxicólogos, sino en comprender de qué forma actúan juntos.

"Sería bueno si parte de la tarifa de impacto [recogida por el Estado] fuera destinada a estudios realmente necesarios para la investigación del impacto del proceso de fracturación en general sobre la salud de las personas", añadió Penning. "Cuando se piensa en valores —US$400 millones [recaudados]— vemos que no es poca cosa. Una pequeña parte de ese total podría ser destinada efectivamente a la investigación para la búsqueda de respuestas [acerca de los riesgos de la fracturación para la salud]".