París. Con miras a una economía verde para inyectar dinamismo al crecimiento, el presidente de Francia, Francois Hollande, anunció este jueves la creación de un fondo de 1.500 millones de euros (alrededor de US$1.900 millones) para financiar el plan de transición de energía del gobierno.

Al presidir la cumbre ambiental de dos días en París, Hollande dijo que el fondo contribuirá a la renovación termal y ayudará a las compañías a emprender iniciativas verdes.

Al fomentar una transición a la energía verde, el jefe de Estado francés dijo que él desea dar forma a "una nueva energía en Francia" para ofrecer una vida mejor a la próxima generación y crear más empleos.

En este contexto, Hollande prometió crear 15.000 puestos en sectores verdes el año próximo, un nuevo intento de dar vida nueva al flojo mercado laboral doméstico que cuenta con más de 3,4 millones de personas desempleadas.

"La transición en la energía es una elección económica... para provocar un cambio industrial, introducir nuevas tecnologías, preparar los cimientos para nuevos negocios y crear empleos", dijo Hollande a los participantes en la tercera cumbre ambiental de su mandato.

Hollande subrayó la necesidad de la transición hacia tecnologías más verdes: "No podemos convencer a otros si nosotros no adoptamos acciones firmes", y recordó la iniciativa de transición de energía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional y que tiene por objetivo reducir el uso de energía nuclear en favor de la energía renovable.

Con esta ley, el Partido Socialista dijo que desea ofrecer una promesa de reducir la cantidad de energía nuclear en la producción de electricidad de Francia a 50 por ciento para el año 2025 del actual 75%, y recortar el consumo de energía en 50% para el año 2050.

Asimismo, la iniciativa simplifica las medidas para promover el uso de energía renovable para reducir el uso de combustible fósil en 30% y las emisiones de gases de invernadero en 40% para el año 2030.

También prohíbe las bolsas de plástico desechables en las tiendas a partir del año 2016 y el menaje de plástico de cocina a partir del año 2020. Los que no cumplan la ley se arriesgan a multas de 30.000 euros y dos años de cárcel.