El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, adelantó que el gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.

Sbattella asimiló la situación de la filial local del banco HSBC como facilitador de maniobras de evasión fiscal y fuga de divisas, a los casos de las sucursales del BNP Paribas y el JP Morgan, y cuestionó el “esquema dilatorio” de las estructuras judiciales, ante la capacidad de lobby que ejercen los estudios jurídicos.

“Si no se avanza en la Justicia, estos casos van objetivamente a la impunidad, porque se terminan diluyendo las causas del delito económico, se las lleva a la larga, se juega a la prescripción y los que tenían que ser indagados quedan fuera”, advirtió Sbattella en declaraciones a las radios Nacional y 10.

El funcionario precisó que en los casos del BNP “se está por concretar la indagatoria de la dirección francesa y de la filial argentina”, mientras en la causa del JP Morgan es “mucho más evidente” la demora de la Justicia.

“El argumento es que se pidieron exhortos a Estados Unidos hace cuatro años y aún no fueron respondidos”, cuando es evidente que se trata de “los mismos clientes del HSBC que estaban fugando dinero”, agregó.

Sbattella destacó que esos casos requieren el “empuje estatal”, y en ese sentido consideró importante la iniciativa de creación de una comisión bicameral que investigue las maniobras.

“La acusación principal que esperamos que alguien tome en esas causas es que el lavado de dinero fue generado con la vieja ley, con lo cual los encubridores son los bancos”, explicó.

Todos los demás involucrados -quienes tienen las cuentas en Suiza- “son operadores con algún delito precedente, como evasión fiscal, que estaría perdonada por el blanqueo, pero si los posibles imputados no se presentan ante la AFIP, aunque tuvieron la oportunidad de hacerlo sin ninguna penalidad, hay que presumir que no tienen condiciones”.

“Tienen miedo de que se descubran otros delitos, como tráfico de drogas o de armas, estafas al Estado o trata de personas; por eso les cabe una investigación más profunda”, resaltó Sbattella.

Rechazó, por otra parte, el argumento de que la información entregada por el Estado francés no pueda ser utilizada como prueba, por haber sido extraída ilegalmente por un empleado del HSBC.

“En Francia esa información fue utilizada para iniciar proceso de recuperación de dinero que ciudadanos franceses fugaron a Suiza, con lo cual los datos se validaron a nivel internacional”, concluyó.