La Paz. A ocho días de la nacionalización del paquete accionario del consorcio español Abertis y Aena en Sabsa, el gobierno sospecha que la empresa concesionaria de los aeropuertos internacionales de El Alto (que sirve a La Paz), Cochabamba y Santa Cruz manejaba una doble contabilidad.

A esa conclusión arribó el equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda luego de hacer una revisión preliminar a los libros contables del consorcio español que administraba las tres terminales aeroportuarias del eje troncal del país.

Con base en la información entregada por los propios ejecutivos de Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa), el ministerio del área pudo constatar que la firma era rentable y obtenía “ganancias extraordinarias” por el servicio que prestaba en las terminales de El Alto, Jorge Wilstermann y Viru Viru.

“Hasta 2011 la empresa ha obtenido utilidades por US$20 millones, eso es lo que vemos en los libros iniciales (...). Y presumimos otra cosa también: ya hemos encontrado algunos indicios de una posible doble contabilidad”, afirmó en conferencia de prensa el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez.

La empresa Sabsa, filial aeroportuaria de Abertis (90%) y Aena (10%), fue constituida en 1997 para fines de administración y operación de los aeropuertos El Alto, Viru Viru y Jorge Wilstermann, en virtud al Contrato de Concesión suscrito por Airport Group Internacional (AGI) y el Estado boliviano a través de Aasana.

A fines de 1999, Sabsa y AGI pasaron a formar parte del grupo TBI, una compañía con base en Londres responsable de la administración de aeropuertos en varios países del mundo, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Australia. En 2004, el grupo TBI pasó a formar parte del grupo español Abertis y Aena, quien a su vez constituyó Abertis-Airports, actual casa matriz de Sabsa.

Beneficios. Sánchez manifestó que Sabsa podía haber obtenido mayores ganancias si cumplía con su plan de inversiones. “Si se hubiera cumplido el plan de inversión, Sabsa iba a tener unas utilidades superiores a los US$6 millones año, porque la demanda y la utilización de nuestros aeropuertos está creciendo”, afirmó el ministro.

Sabsa había ofrecido invertir unos US$36 millones hasta 2022, cuando concluía el contrato de administración de los tres aeropuertos. El gobierno exigía, en cambio, que se invirtieran US$56 millones en toda la extensión del contrato. Entre 2006 y 2011 el consorcio español sólo invirtió US$5 millones, afirmó el funcionario.

Sánchez reveló que en la etapa de negociación, antes de que se nacionalice la firma, los ejecutivos de Sabsa pidieron el incremento de tarifas y de “los precios por aterrizaje y decolaje de las aeronaves”. “Nosotros les dijimos: para qué solicitan el incremento si obtienen ganancias extraordinarias y no invierten” en el país.

El miércoles, el fiscal Aldo Ortiz informó que Sabsa tenía ingresos mensuales de hasta US$3 millones por los tres aeródromos que estaban bajo su administración.

Recortarán los salarios. Austeridad. Sánchez dijo que por instrucción del Presidente, los nuevos ejecutivos de Sabsa ganarán menos de Bs 15 mil. Antes, el gerente general ganaba Bs 123 mil, los gerentes Bs 40 mil y los jefes de área Bs 28 mil, añadió el ministro.

Se destinaba US$1,2 MM para pagar a abogados. Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA  destinaba anualmente US$1,2 millones para el pago de abogados. El gobierno cree que este dinero es para financiar la demanda interpuesta por el consorcio en contra del Estado boliviano.

Abertis y Aena inició en 2011 un procedimiento de arbitraje internacional contra el Estado boliviano al amparo del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Bolivia y el Reino de España (Appri).

La principal alegación de Abertis es que Bolivia ha incumplido el régimen aplicable a las tarifas por servicios de embarque y aterrizaje. Desde 2003, el gobierno boliviano “congeló la actualización de dichas tarifas y en 2005 las rebajó de manera arbitraria, ilegal y sin seguir un proceso que hubiera permitido una adecuada defensa por parte de Sabsa”, señala la firma en un comunicado.

“(En) las planillas se dedica casi US$1 millón al año para pagar abogados y otros casi US$200 mil para pagar abogados en Bolivia (...). Nosotros suponemos que esos recursos se los va a destinar precisamente para defender esta demanda internacional”, afirmó el ministro Sánchez.