Santiago. El gobierno de la presidenta chilena Michelle Bachelet intenta que el Estado recupere el control del uso del agua en el país, aseguró hoy el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

"Las aguas tienen un sistema de derecho privado y residualmente el Estado tiene un rol muy pequeño, pero queremos cambiar esa relación, de manera tal que el agua sea un bien nacional de uso público", señaló Undurraga.

Este control permitirá al Estado garantizar el uso para consumo humano, para la pequeña agricultura y para el resto de las actividades, en ese orden, explicó el ministro.

En los lugares con sequía, como en las regiones de Atacama (norte), Coquimbo (norte) o Valparaíso (centro), el Estado tendrá las herramientas para limitar e intervenir la utilización del agua, agregó.

Por su parte la directora de la organización ecologísta Chile Sustentable, Sara Larraín, afirmó que "la nacionalización del agua significa recuperar su propiedad para todos los chilenos, y ese es el tema de fondo, porque es muy distinto al código de aguas que establece que el agua es bien nacional de uso público".

El Estado, no obstante, podrá conceder a los particulares derechos de aprovechamiento administrativos en concesión, indicó.

"El problema es que la Constitución establece que aquellos privados que inscriban esas aguas, de acuerdo a la ley, les dará propiedad sobre ello, por lo que el derecho de aprovechamiento se transforma en derecho de propiedad y en ese acto, el Estado deja de ser dueño de las aguas", añadió.

Sobre la protección de los glaciares, Larraín, comentó que "cuando se habla de nacionalización, se habla de recuperar la propiedad de las aguas, tal como se hizo con los recursos del cobre".

Recordó que la presidenta Bachelet, desde su primer mandato (2006-2010), se comprometió a proteger los glaciares, considerados recursos hídricos congelados en las cabeceras de las cuencas.

"Es muy relevante el anuncio de la mandataria de enviar al Congreso un proyecto de ley para la protección de los glaciares", subrayó.

Entre tanto el diputado Luís Lemus, presidente de la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, señaló que para cambiar el Código de Aguas se requiere una reforma a la Constitución, debido a que ésta establece que el agua "es una propiedad privada de uso público".