Santiago. El gobierno chileno buscará un juicio criminal contra ejecutivos de la minorista La Polar, tras constatar que la firma entregó datos falsos de su negocio crediticio a los reguladores, en el mayor escándalo financiero de los últimos años en el país.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, estimó necesario el desarrollo de investigaciones sobre los alcances criminales en el caso La Polar, minorista que refinanció créditos sin consultar y con altos intereses a miles de sus clientes.

Larraín explicó que la Superintendencia de Valores "denunciará ante el Ministerio Público todos los hechos que revistan el carácter de delitos particularmente en cuanto a la entrega de antecedentes falsos (cartera crediticia a los reguladores)" .

Agregó que los implicados en este caso podrían enfrentar penas de cárcel al maliciosamente proporcionar "antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la Superintendencia (de Valores), a una bolsa de valores o al público general".

Más temprano, el presidente de la minorista, Heriberto Urzúa, reconoció malas prácticas por parte de ejecutivos.

"Algunas personas han utilizado la compañía y armado sistemas de forma tal de hacer todo este desastre. Personas de niveles altos (...) se ha ocultado información al directorio en forma flagrante, se ha falseado la información", dijo Urzúa.

Compensaciones. Antes del anuncio del gobierno, La Polar informó que rebajará intereses y eliminará multas y cobranzas a los miles de clientes afectados por la refinanciación unilateral de sus créditos.

Urzúa dijo a periodistas que las medidas tendrán un alto costo para la firma, pero no está claro el monto final.

"Estamos haciendo las provisiones para esto, porque son costos importantes", aseguró Urzúa.

Se había estimado preliminarmente el nivel de provisiones adicionales requeridas en unos US$428 millones.

El directivo agregó que un aumento de capital por US$400 millones, que sería propuesto en una junta extraordinaria de accionistas a fines de junio, "aún no se ha suspendido".

La semana pasada, La Polar admitió que había repactado créditos de miles de clientes sin consultar, lo que provocó un desplome de sus acciones que también dañó las carteras de los fondos de pensiones chilenos.

Al anuncio de medidas compensatorias se suman reuniones de asesores de La Polar con bancos acreedores, para evitar mayores presiones financieras en medio del fantasma de una quiebra.

"(Una quiebra) está dentro de las pautas que hay que evaluar. Ese es el peor escenario. Cuál es la probabilidad que esto ocurra es la incógnita, porque hasta ahora tenemos muy mala información oficial", explicó Hernán Frigolett, analista de la consultora Aserta.

La Polar, que no cuenta con un accionista mayoritario, contrató al banco de inversión LarraínVial para maximizar el valor de la compañía, lo que podría dar paso a la llegada de un nuevo socio controlador con recursos para fortalecer las finanzas y enfrentar eventuales demandas.

Efecto dominó. Tras el destape del escándalo, los papeles de la minorista sufrieron un derrumbe del 42% la semana previa. El lunes pasado, el regulador de valores suspendió sus cotizaciones al menos hasta el viernes.

La crisis de La Polar arrastró al resto de las minoristas en la bolsa local, con fuertes bajas ante temores de que nuevas regulaciones y fiscalizaciones puedan afectar su negocio.

Los dardos del mercado han apuntado con mayor vehemencia hacia la cadena Hites, que se enfoca en clientes de ingresos bajos, al igual que La Polar .

Además, el escándalo ha salpicado a otros sectores de la plaza, como a los papeles del local banco BCI, que desde el 9 de junio, día en que estalló el caso, han retrocedido más de un 12%.

BCI tiene poco más del 40% de participación en la deuda de La Polar, por un monto en torno a los US$120 millones, según ha informado la propia compañía.

El caso de La Polar se suma a investigaciones que se realizan a otras cadenas. Una demanda colectiva de consumidores presentada en el 2006 contra el grupo minorista Cencosud será vista esta semana por una corte del país.

En esa época, la empresa era gerenciada por el actual ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, y representada judicialmente por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes.