Santiago de Chile. El gobierno chileno resolvió este jueves solicitar más estudios para resolver el futuro del megaproyecto energético HidroAysén, en el extremo sur del país, cuya construcción se encuentra paralizada debido a reclamaciones por motivos medioambientales.

De esta manera, la decisión sobre la ejecución de la obra, que involucra una inversión de US$3.200 millones, quedará en manos del gobierno de Michelle Bachelet, que asumirá el 11 de marzo.

Este martes se reunió el Comité de Ministros encargado de analizar el tema, después de casi dos años de espera por parte de las empresas que impulsan la iniciativa, Endesa y Colbún.

"Ya se resolvió la totalidad de las reclamaciones, sólo quedan dos estudios que se han solicitado por el Comité de Ministros", indicó la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, aludiendo a las presentaciones hechas por quienes están a favor y en contra del proyecto.

Benítez dijo que uno de los estudios corresponde a un análisis de la variación del caudal de los ríos de la zona una vez que entre en operación el proyecto; mientras que el otro tiene relación con el impacto que tendría la llegada de cinco mil trabajadores a la austral zona de Cochrane para la construcción de las centrales.

Los estudios serían encargados a organismos independientes para, de acuerdo a sus resultados, "ver la posibilidad de establecer nuevas condiciones al proyecto", señaló la ministra.

El proyecto HidroAysén consiste en la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, ubicadas en la región de Aysén.

El complejo hidroeléctrico aportaría 2.750 megavatios al Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece de electricidad al centro y sur del país, con una capacidad de generación media anual de 18.430 gigavatios.

Adicionalmente, se contempla la construcción de una gran línea de transmisión para transportar la energía de las centrales desde Aysén hasta Santiago.

Las centrales obtuvieron su aprobación medioambiental en 2011, pero la fuerte oposición de grupos ciudadanos y ambientalistas, que han interpuesto innumerables recursos judiciales y administrativos contra el proyecto, determinaron que fuera el gobierno el que adoptara la decisión final a través del Comité de Ministros.

Este consejo está integrado por los titulares de Medio Ambiente, Energía, Minería, Salud, Economía y Agricultura.

El ministro de Energía, Jorge Bunster, señaló que con la resolución del Comité de Ministros se ha dado "un paso importante en la tramitación del proyecto. Se logró resolver la gran mayoría de las reclamaciones".

Máximo Pacheco, que será el ministro de Energía del Gobierno de Bachelet, no se ha pronunciado abiertamente sobre el proyecto, pero ha señalado que es un "tema complejo".

La necesidad de ampliar la matriz energética chilena es un materia que se ha discutido por décadas y cruzado varios gobiernos.

Chile no posee reservas de petróleo ni gas, por lo cual debe importar ambos productos además de carbón para el funcionamiento de centrales térmicas, particularmente en el desértico norte del país, donde se concentran las mayores operaciones mineras.