Aunque ratificó que el control de la seguridad social pasará a manos del Estado, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, abrió la posibilidad de subcontratar a las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas para el manejo de los aportes para la jubilación.

“Hay que debatir que la gestión de las pensiones sea estatal, pero la administración pueda ser subcontratada, es una posibilidad abierta; pero en todo caso, la Constitución establece que el control de los fondos de pensiones es del Estado”, respondió ayer la autoridad tras ser consultada por un periodista sobre el futuro de las AFP en el nuevo sistema de pensiones.

El Artículo 45 de la Carta Magna boliviana establece, en su segundo inciso, que la dirección y administración de la seguridad social “corresponde al Estado, con control y participación social”; en tanto que el sexto señala que “los servicios de seguridad pública no podrán ser privatizados ni concesionados”.

Por otro lado, el proyecto de la nueva Ley de Pensiones, elaborado por el Ejecutivo, crea la Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo, que “reemplazará a las AFP y representará los recursos del Fondo de Capitalización Individual (FCI), constituido por los aportes que realizan los trabajadores para su jubilación”, según una publicación del Ministerio de Economía.

El documento es actualmente consensuado con las diferentes organizaciones de trabajadores antes de ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.

Afiliados. Por otra parte, el gobierno prevé incorporar a más obreros independientes al nuevo régimen. “Nuestra proyección inicial, durante el primer año, es captar al menos a 100.000 personas (que trabajan por cuenta propia); la cifra, según nuestros estudios, se va a ir incrementando en la medida en que nosotros podamos llegar a estas personas”, indicó este jueves el viceministro de Pensiones, Mario Guillén.

La autoridad explicó que actualmente la cantidad de afiliados del mencionado sector en las AFP “debe ser como máximo 20.000 personas”. Guillén recordó que, como cualquier otro obrero, el independiente puede interrumpir sus aportes por un tiempo y luego seguirlos entregando.

“La diferencia es que incentivar a que ellos vengan al sistema les hemos abierto la posibilidad de que puedan retirar estos aportes cada cinco años, porque entendemos que hoy un independiente puede estar bien económicamente, pero que puede en algún momento necesitar el dinero ahorrado si el negocio no va bien”, acotó.

Recordó que el aporte mínimo equivale al 10% del salario mínimo nacional y reiteró que los independientes también darán el 0,5% de aporte laboral adicional para el fondo solidario. El fondo será financiado además con un aporte patronal del 3% y los descuentos a salarios elevados.

Según el presidente en ejercicio Álvaro García Linera, apenas el 30% de los trabajadores bolivianos son asalariados. Señaló que el Estado emplea casi a la mitad de ellos. En ese sentido, aseguró que la nueva reforma de pensiones apunta a beneficiar no sólo a ese sector sino al 70% de la población restante.

Los mineros dan su aval a la nueva Ley de Pensiones. En su último ampliado, los 38 sindicatos del sector minero decidieron aprobar el proyecto de la nueva Ley de Pensiones elaborado por el gobierno, informó el presidente en ejercicio Álvaro García Linera.

Sin embargo, añadió que todavía existen puntos de disenso con el resto de los trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), con los que se continuará discutiendo la futura norma.